Empresarios, abogados e inversores: quién está tras la entidad que dice defender a la “clase trabajadora” del turismo
elDiario.es · hace 2 días
La asociación Trabajadores por el Alquiler Turístico asegura estar formada por empleados del sector en Catalunya, pero en su junta directiva hay, entre otros, socios de portales inmobiliarios que alquilan apartamentos hasta por 800 euros la nocheLa pesadilla de convivir con un piso turístico conflictivo: “Escalan por mi terraza y me destrozan los muebles”
El 1 de abril de 2026, decenas de personas se dieron cita en Salou, en la Costa Daurada de Tarragona, para la presentación de la asociación Trabajadores por el Alquiler Turístico, un grupo que quiere “proteger” a los empleados del sector. El lugar escogido no era baladí, puesto que esta ciudad es la segunda con más apartamentos turísticos de Catalunya y suponen cerca del 23% del total de viviendas del municipio.
La asociación nació con un objetivo claro: plantar batalla ante el Decreto Ley 3/2023, que limita las VUT (Vivienda de Uso Turístico) en zonas tensionadas. Esta medida, aprobada por el Parlament, pretende mitigar la crisis habitacional y es la base que ha encontrado el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, para prometer acabar con estos alojamientos de cara a 2028.
A pesar de que diversos estudios han demostrado que las viviendas turísticas son una de las causas que explican el encarecimiento de la vivienda y la gentrificación de los barrios, para esta asociación el Decreto Ley es una mala noticia. Aseguran, por un lado, que si “los pequeños propietarios” que explotan las viviendas turísticas tienen que dejar ese negocio, sus pisos acabarán “en manos de grandes tenedores”. Además, consideran que supondrá “el ERE más grande de Catalunya y pone en riesgo 200.000 empleos directos e indirectos”.
Por eso, han decidido agruparse. Según aseguran en su web, Trabajadores por el Alquiler Turístico está formada por empleados que se dedican a la limpieza, mantenimiento o atención al viajero, así como integrantes de negocios indirectos como lavanderías, transporte, ocio y restauración. Dicen tener 2.292 “trabajadores asociados”.
Pero esa definición no ha sido siempre la misma. La asociación, en realidad, nació en octubre de 2025 bajo el nombre de Movimiento para el Alquiler Turístico y entonces decía estar formada por “familias trabajadoras” que, explicaban, se ganaban un sobresueldo con los apartamentos turísticos.
No fue hasta el 31 de enero de 2026 —el día antes de inscribirse en el registro de entidades de la Generalitat— cuando la entidad pasa a llamarse Trabajadores por el Alquiler Turístico y decir que representan, ya no a familias, sino a empleados.
Cuando se echa un vistazo a quiénes conforman la junta directiva de la entidad, la realidad es muy distinta: todos sus miembros son empresarios, abogados especializados en la defensa de propietarios de fincas turísticas, dueños de inmobiliarias y socios de fondos de inversión.
La cara más visible de la asociación es la de su presidente y portavoz, Guillem Laporta, cuya carrera profesional nada tiene que ver con el sector turístico. Es socio de Ysios, una gestora de capital de riesgo especializada en biotecnología. Su único vínculo con el sector turístico es que “administra” una propiedad individual, según reconoció en una entrevista.
Defensor del libre mercado y seguidor de tesis anarcocapitalistas, hay poca información sobre Laporta. Su perfil de LinkedIn fue borrado antes de empezar a ejercer como presidente de Trabajadores por el Alquiler Turístico, y sus redes personales nacen de la mano de este cargo.
Laporta es el único miembro de la junta cuyo nombre ha trascendido, es el portavoz de la entidad con los medios y es el miembro de la cúpula con un trabajo habitual no directamente relacionado con el turismo, como sí sucede con el resto de los integrantes del órgano directivo de la entidad, que no ha respondido a las preguntas de este medio.
Uno de los nombres más destacados es el de Dylan Tarín, que ejerce como secretario. Es abogado especializado en vivienda y socio de la inmobiliaria RV Asociados, con sede en Tarragona. La dirección de esta empresa es también el domicilio social de Trabajadores por el Alquiler Turístico.
Tarín también fue el letrado de la asociación Acaba, formada por personas que fueron sancionadas por el Ayuntamiento de Barcelona en 2021 por ofertar sus apartamentos en Airbnb sin licencia. Cuatro años antes, el consistorio ya había multado a la plataforma con 600.000 euros por anunciar pisos turísticos ilegales y después fue a buscar a los usuarios que se lucraban sin haber formalizado dicha actividad económica.
En la web de Acaba se explica que sus miembros “no son especuladores”, sino “vecinos sin recursos que se vieron obligados a buscar ingresos adicionales para subsistir”. Aunque aseguran querer luchar contra “la especulación inmobiliaria asociada al turismo”, todos decidieron convertir viviendas en pisos turístico
