La entrada masiva de migrantes a la ciudad autónoma española de Ceuta, ocurrida a finales de julio, ha dado un nuevo impulso a los adversarios locales y foráneos del presidente Pedro Sánchez en sus intentos de destituirlo y poner fin a ocho años de gobierno progresista. Pese a que Madrid ha devuelto a 93 por ciento de las 72 mil personas que irrumpieron por mar y por tierra en el enclave ubicado en la costa norte de África, la derecha de su país insiste en tratar la crisis humanitaria como un asunto de seguridad nacional, en hablar de una “invasión” y en acusar al mandatario de traición por una presunta complicidad que en realidad es el respeto a la legalidad internacional y al derecho de asilo. Muchos ceutíes y no pocos peninsulares han sacado a las calles las peores expresiones xenofóbicas y han mostrado un vergonzoso desprecio por la vida humana de quienes consideran diferentes.