Dos años de nombramientos del Poder Judicial blindan el dominio conservador en las cúpulas de los tribunales

La principal asociación de la derecha judicial accede al 37% de los ascensos, más que las otras tres asociaciones juntas, mientras el pleno afronta en el nuevo curso el reto de cubrir cuatro plazas en la Sala del Supremo que juzga a los aforados
La derecha judicial arrasa en la renovación parcial de la comisión que orienta a los jueces sobre principios éticos

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), principal exponente de la derecha judicial, se ha adjudicado 59 de las 158 las plazas -un 37%- asignadas en los principales tribunales por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en estos dos primeros años de mandato. Juezas y Jueces para la Democracia, progresista y tercera en número de asociados, ha situado a 28 de sus miembros (18%). La Asociación Francisco de Vitoria, segunda en número de afiliados, ha accedido únicamente a 12 (8%). Y Foro Judicial Independiente, cuarta en representación, a cinco (apenas un 3%). Los jueces no asociados, que son casi la mitad de la carrera, se han hecho con solo 42 plazas (27%).

El CGPJ inició su mandato hace dos años con el reto de renovar más de un centenar de plazas de las cúpulas de los tribunales tras casi un lustro de bloqueo del Partido Popular al vetar la renovación. Después de casi tres décadas de presidentes conservadores, la renovación pactada en el verano de 2024 con una limitada mayoría progresista abría la puerta a un reequilibrio en la correlación de fuerzas en las cúpulas de los tribunales a favor de la izquierda.

Sin embargo, los nombramientos realizados evidencian el enorme peso que sigue teniendo la conservadora APM, a la que están afiliados 1.448 jueces, el 27% de la carrera, según los últimos datos oficiales del CGPJ. De hecho, en 19 de los 59 puestos adjudicados a esta asociación, sus candidatos eran los únicos aspirantes. Del Consejo actual, siete vocales —todos ellos elegidos a iniciativa del PP— están vinculados a esta asociación.

Creada en 1980, el número de afiliados de la APM ha ido en ascenso en las últimas dos décadas. Ha pasado de 1.115 en 2004 a 1.448 en 2025. Es un incremento de casi un 30%. En los últimos tiempos, ha consolidado un perfil marcadamente crítico hacia la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez. Especialmente, en relación con la Ley de amnistía, de la que vaticinó que supondría “el principio del fin de nuestra democracia”.



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En relación con su nivel de representación en la carrera judicial, la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia registra la mayor proporción de nombramientos. Aglutina a un 8% de la carrera —tiene 436 afiliados— y ha sido la segunda en nombramientos. Un total de 28 jueces vinculados a esta asociación de carácter progresista han sido nombrados en estos dos años, el 18% de las designaciones. Del actual CGPJ son cuatro los vocales elegidos a propuesta del PSOE afiliados a Juezas y Jueces para la Democracia, una asociación que ha perdido un 6% de sus asociados en las últimas dos décadas.

Los jueces no asociados, que suponen el 41% de la judicatura, accedieron a un 27% de los nombramientos —un total de 42—. Estas cifras evidencian su menor acceso a unas designaciones que requieren 13 votos y que tienen que contar, por tanto, con el acuerdo de miembros de los dos grupos que conforman el actual CGPJ, con diez vocales elegidos a propuesta del PP y diez a iniciativa de PSOE y Sumar.

A ellos se suma una presidenta, Isabel Perelló, a la que se atribuyó una sensibilidad progresista cuando fue designada, pero que ha votado con el bloque conservador en algunos asuntos de calado. También se ha puesto de perfil en otros, como en las arduas negociaciones para las presidencias de las salas más sensibles del Supremo, donde acabaron siendo designados los candidatos aupados por la derecha.

Más relevantes, si cabe, son el resto de ascensos al Supremo porque, salvo renuncia, se mantienen hasta la jubilación. En este reparto, la APM se ha asegurado más de un tercio de las plazas asignadas (11 de 30). Asimismo, la iniciativa de los vocales conservadores ha permitido la llegada de otros perfiles eminentemente conservadores, como el del exmagistrado del Tribunal Constitucional Antonio Narváez. Fue uno de los fiscales que llegó a expresar su deseo de que Alberto Núñez Feijóo llegara al Gobierno, según informó El País. Narváez es fiscal y entró por el llamado turno de juristas.



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