Este viernes 18 de septiembre entrará en vigor una nueva política que podría negar la residencia permanente, conocida popularmente como "green card", a inmigrantes que utilicen beneficios públicos, por considerar que son o podrían convertirse en una "carga pública".
Estos beneficios en la mira podrían incluir cupones de alimentos, Medicaid, vales de vivienda, asistencia financiera para estudios universitarios y otros programas de ayuda.
Según la nueva medida, quienes soliciten la tarjeta de residencia deben demostrar que son autosuficientes y no dependen de beneficios gubernamentales financiados por los contribuyentes.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) dijo en un comunicado que sus agentes evaluarán "todos y cada uno" de los beneficios que reciben quienes soliciten la residencia a partir del 18 de septiembre. Previamente, solo se tomaba en cuenta la ayuda pública en efectivo para gastos de manutención o si recibía una ayuda a largo plazo.
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Según USCIS, quienes se consideren inadmisibles solo por la posibilidad de llegar a convertirse en carga pública, se les ofrecerá la posibilidad de pagar una fianza. El monto de esta fianza será determinado por el agente de inmigración, según cuánta asistencia del gobierno podría recibir el inmigrante durante los próximos cinco años.
La agencia gubernamental también detalló qué categorías son sujetas a la carga pública (como esposos, hijos y padres de ciudadanos estadounidenses) y cuáles no (como asilados, solicitantes de TPS y víctimas de tráfico humano). Puedes ver la lista completa aquí.
En una publicación en su cuenta de X, USCIS dijo que el Gobierno federal “está reafirmando el requisito de autosuficiencia, protegiendo los recursos públicos y poniendo fin a las políticas que fomentaban la dependencia a costa de los contribuyentes estadounidenses que trabajan arduamente”.
La política se implementó por primera vez en febrero de 2020 como una de las acciones del presidente Donald Trump para limitar la inmigración legal durante su primer mandato, pero fue revocada tras la llegada del presidente Joe Biden.
El regreso de esta regla se produce en un momento en que la administración Trump aplica una política de mano dura para frenar tanto la inmigración ilegal como la legal, y cuando los costos de la atención médica y los alimentos van en aumento.
