Denunció el hackeo del teléfono, dijo que vio cómo le vaciaban las cuentas “delante de sus ojos” y deberán reintegrarle cada peso y dólar robado

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial confirmó que una entidad bancaria y una empresa de telefonía deberán responder por transferencias no autorizadas desde cuentas de un cliente, luego de que un tercero tomara el control de la línea celular vinculada con los mecanismos de validación de las operaciones. El tribunal mantuvo la condena por el dinero sustraído y el daño moral, aunque dejó sin efecto una multa civil que había sido impuesta en la primera instancia.El caso se originó a partir de hechos ocurridos el 16 de septiembre de 2022. El demandante, en ese entonces de 47 años, tenía una caja de ahorro en pesos y otra en dólares, además de una línea telefónica que utilizaba en su teléfono celular. Según sostuvo en la demanda, personas desconocidas realizaron varias transferencias desde sus cuentas sin su autorización, luego de que la titularidad de su número telefónico fuera cambiada a nombre de un tercero.Ese día, la entidad financiera envió al cliente una comunicación para informar que se había modificado el límite diario de transferencias. Poco después se registraron movimientos desde sus cuentas hacia destinatarios ajenos a él. El reclamante desconoció esas operaciones, intentó comunicarse con el banco para impedirlas y luego presentó denuncias y reclamos administrativos.Según la demanda, el denunciante “comenzó entonces a desesperarse, al percibir que estaba siendo víctima de la sustracción de sus ahorros, y a sentirse impotente al mismo tiempo, imposibilitado de frenar el accionar delictivo que estaba sucediendo delante de sus propios ojos… Pudo colegir entonces que se trató de un ‘hackeo’, donde él no tuvo la más mínima participación”. Mientras se producían las transferencias, el hombre advirtió que su teléfono había quedado sin servicio. Al día siguiente solicitó el cambio de titularidad de la línea y constató que esta ya había sido registrada a nombre de otra persona. Para los jueces, esa secuencia resultó compatible con una modalidad de fraude en la que delincuentes obtienen el control de un número telefónico para recibir códigos de seguridad.En la primera instancia, el juzgado admitió la demanda contra ambas compañías. Ordenó que pagaran en forma conjunta $540.000 y USD12.499,55, más intereses, y fijó además una multa de $300.000 por daño punitivo.