Cubano de Hialeah es declarado culpable de operar red de tráfico de migrantes y lavar más de $20 millones
Telemundo 51 — Miami · hace 14 h
Un jurado federal declaró culpable a un hombre residente en Hialeah por presuntamente participar en una organización internacional que cobró hasta $40,000 dólares por persona para traer ilegalmente a miles de cubanos a EEUU, utilizando solicitudes fraudulentas de autorización de viaje y vuelos privados.
Según el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés), Lázaro Alain Cabrera-Rodríguez, de 28 años, fue declarado culpable de conspiración para el tráfico de migrantes con fines de lucro y dos cargos de conspiración relacionados con lavado de dinero.
"Lázaro Alain Cabrera-Rodríguez utilizó su agencia de viajes como fachada para introducir ilegalmente a migrantes cubanos en los Estados Unidos", declaró el Fiscal General Adjunto A. Tysen Duva, de la División Penal del Departamento de Justicia.
Según las pruebas presentadas durante el juicio, Cabrera-Rodríguez conspiró con otras personas para operar una organización que ayudaba a cubanos a llegar a Estados Unidos a través de la frontera sur con México.
Los fiscales dijeron que la organización cobraba entre $1,500 y $40,000 dólares por sus servicios. En algunos casos, los integrantes de la red llegaron a contratar aviones privados para transportar a los grupos de migrantes.
El Departamento de Justicia sostiene que Cabrera-Rodríguez coordinaba vuelos desde Cuba hacia terceros países y posteriormente trabajaba con otros traficantes a lo largo del continente para facilitar el traslado a EEUU.
Una parte central del esquema consistía en utilizar fraudulentamente el Sistema Electrónico para la Autorización de Viaje (ESTA, por sus siglas en inglés). Aunque los ciudadanos cubanos no son elegibles para viajar a Estados Unidos mediante ESTA. La organización ofrecía servicios que incluían presentar a algunos clientes como ciudadanos europeos y utilizaba información falsa para obtener las autorizaciones, según los fiscales.
El Departamento de Justicia aseguró que Cabrera-Rodríguez presentó al menos 600 solicitudes fraudulentas de ESTA.
Para ello proporcionaban direcciones ficticias y declaraban que los solicitantes no habían estado en Cuba desde 2011, aun cuando, según la evidencia presentada en el juicio, se encontraban físicamente en la isla al momento de realizarse las solicitudes.
De acuerdo con las autoridades, estos servicios migratorios eran promocionados a través de diferentes plataformas de redes sociales.
$20 millones en 57 cuentas bancarias
La investigación reveló el alcance financiero de la presunta organización pues según los registros presentados por la Fiscalía, más de $20 millones de dólares pasaron por 57 cuentas bancarias controladas por Cabrera-Rodríguez y sus coacusados durante el período de la conspiración.
Entre 2021 y 2024, el grupo habría enviado además más de $600,000 dólares desde Estados Unidos hacia compañías en el extranjero para comprar boletos de avión utilizados en el traslado de migrantes.
“Su agencia de viajes proporcionó una apariencia de legitimidad para evadir la detección”, dijo A. Tysen Duva, fiscal general adjunto de la División Criminal del Departamento de Justicia, al anunciar el veredicto.
Cabrera-Rodríguez forma parte de un grupo de 12 personas acusadas de presunta participación en la organización de tráfico de personas.
Según el Departamento de Justicia, otros siete acusados que se declararon culpables estan a la espera de sentencia, entre ellos: Liannys Yaiselys Vega-Pérez, Miguel Alejandro Martínez Vasconcelos, Layra Libertad Treto Santos, Emanuel Martínez González, Walbis Pozo-Dutel, Luis Emmanuel Escalona-Marrero y Gisleivy Peralta Consuegra.
Erik Ventura-Castro se declaró culpable en mayo y fue sentenciado el 29 de julio a 30 meses de prisión.
En el caso de Cabrera-Rodríguez un jurado lo declaró culpable de conspiración para cometer tráfico de migrantes con fines de lucro, conspiración para cometer lavado internacional de dinero y conspiración para ocultar mediante lavado el origen de fondos.
Su audiencia de sentencia está programada para el 17 de diciembre y enfrenta una pena máxima de 20 años, aunque será un juez federal quien determine la condena.
