Corte Suprema autoriza deportaciones de Trump a terceros países

La Corte Suprema eliminó el martes los obstáculos para que el gobierno de Trump deporte a ciertos inmigrantes a "terceros países" con los que no tienen ninguna vinculación previa.



Los magistrados, con el voto en contra de los tres jueces liberales del tribunal, concedieron una solicitud de emergencia presentada por el gobierno para bloquear un fallo de una corte de apelaciones que sostuvo que el proceso actual es ilegal porque las personas afectadas no tienen una oportunidad adecuada de plantear preocupaciones sobre riesgos para su seguridad, en violación de la ley federal de inmigración.



En una breve orden no firmada, la corte también indicó que escuchará alegatos orales en diciembre y dictará una decisión definitiva sobre las cuestiones jurídicas planteadas en el litigio.



El año pasado, la Corte Suprema permitió que la política siguiera adelante después de que cortes inferiores la bloquearan en una etapa anterior del litigio. Más tarde, a petición del gobierno de Trump, también aclaró su decisión, dejando claro que se aplicaba a ocho hombres a los que el gobierno quería enviar a Sudán del Sur.

















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Desde que el segundo mandato de Trump comenzó en enero de 2025, miles de personas han sido enviadas a terceros países, entre ellos Sudán del Sur, Esuatini y Ruanda.



Unas 15,000 personas fueron deportadas a terceros países en 2025, según el Migration Policy Institute, y México recibió a la mayoría.



La actuación de la Corte Suprema "significa que las personas que se enfrentan a una expulsión a terceros países vuelven a correr un riesgo inmediato de ser enviadas a lugares donde no tienen una oportunidad real de solicitar protección", afirmó Trina Realmuto, abogada de la National Immigration Litigation Alliance que representa a los demandantes. "Es una consecuencia enorme para personas cuya vida y seguridad están en juego".



El Departamento de Seguridad Nacional no hizo comentarios de inmediato.



Cuatro inmigrantes no identificados impugnaron la política, argumentando que las personas deberían tener una "oportunidad real" de alegar que podrían enfrentar tortura o persecución si fueran deportadas a uno de los terceros países.



El juez federal de distrito Brian Murphy, con sede en Massachusetts, estuvo de acuerdo. (Fue su fallo anterior el que la Corte Suprema bloqueó el año pasado, lo que provocó duras críticas desde el entorno de MAGA.)



La Corte de Apelaciones del 1.º Circuito de Estados Unidos, con sede en Boston, confirmó el fallo más reciente de Murphy y dio la razón a los inmigrantes no identificados, citando una ley federal que impide deportaciones a un país donde la persona probablemente enfrentaría persecución.



Aunque el fallo de la corte de apelaciones quedó inicialmente en suspenso, el 23 de septiembre entró en vigor, lo que llevó al gobierno de Trump a acudir con urgencia a la Corte Suprema.



En un escrito presentado ante la corte, el procurador general D. John Sauer sostuvo que suspender las deportaciones a "terceros países" "creó importantes problemas logísticos en las operaciones de expulsión en curso" y ha "generado gastos adicionales, posibles problemas diplomáticos y la imposibilidad de expulsar a delincuentes peligrosos".



Sauer indicó que un vuelo programado para transportar a 70 personas con condenas penales a tres países diferentes la semana pasada fue cancelado de inmediato.



El gobierno de Trump dijo que no hace falta una determinación individualizada porque los países con los que ha cerrado acuerdos para recibir inmigrantes han asegurado que no los maltratarán.



El gobierno ha afirmado que no deportará de inmediato a las personas si no ha recibido garantías del país en cuestión de que no serán torturadas ni perseguidas.



Los abogados de los demandantes señalaron en escritos judiciales que las decisiones de las cortes inferiores no exigen que nadie sea puesto en libertad de la detención ni siquiera impiden las expulsiones a terceros países, siempre que se brinde a las personas la oportunidad de presentar objeciones.



El demandante principal, identificado en los registros judiciales solo como D.V.D., es de Cuba y padece una enfermedad mental grave. Teme ser enviado a un país donde no recibiría tratamiento psiquiátrico, dijeron los abogados.



Las personas que han sido deportadas a terceros países han sido maltratadas; algunas han sido detenidas de forma indefinida y otras han sufrido abusos físicos y sexuales, alegan los demandantes en documentos judiciales.



Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Lawrence Hurley para nuestra cadena hermana NBC