Corte ordena verificar la autenticidad de las firmas que respaldan dos reformas constitucionales en Guatemala

La Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó al Congreso de Guatemala revisar la legitimidad de las firmas que acompañan dos propuestas de reforma a la Constitución y habilitar un mecanismo para que los ciudadanos comprueben si sus datos fueron incluidos con su consentimiento. La resolución también establece que, si se detectan anomalías, el Organismo Legislativo deberá presentar las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público para deducir responsabilidades penales. La decisión se originó en dos amparos provisionales solicitados por el Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecón). Uno (Expediente 9090-2026) cuestiona la iniciativa impulsada por Poder Ciudadano y el otro (Expediente 9130-2026) se refiere a la propuesta presentada por el político Carlos Pineda, identificado como directivo de movimiento “Menos Privilegios, Más País” y quien se prevé como candidato presidencial del partido Servir. Ambas iniciativas llegaron al Congreso respaldadas con miles de firmas de ciudadanos. Sus promotores sostuvieron que esos apoyos expresaban respaldo a los cambios planteados para la Constitución Política de la República de Guatemala. La CC consideró necesario confirmar la autenticidad de esos registros antes de que continúe el trámite parlamentario. Según la resolución, el Congreso deberá requerir información al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para establecer si las personas que figuran como firmantes estaban empadronadas. También tendrá que solicitar datos al Registro Nacional de las Personas para confirmar que los ciudadanos estaban vivos al momento de adherir a las propuestas. El fallo añade una tercera verificación: el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) deberá informar si los firmantes se encontraban dentro del territorio guatemalteco cuando registraron su apoyo. Con esos informes, el Congreso deberá determinar si las listas contienen nombres inexistentes, personas fallecidas o ciudadanos que estaban fuera del país.El Congreso deberá habilitar un canal de reclamos ciudadanosLa resolución de la Corte de Constitucionalidad obliga al Congreso a crear un módulo físico o digital para que los ciudadanos puedan puedan comprobar si sus datos fueron utilizados y denunciar la inclusión de una firma sin consentimiento.