Cómo Rusia usa la lucha contra el terrorismo para eliminar la disidencia: "Será el año con más condenas de la historia del código penal”

Los activistas denuncian que el Kremlin utiliza cada vez más la etiqueta de terrorista para estigmatizar y escarmentar a los críticosVidentes, heavies, gays y ucranianos: cómo Putin utiliza a la Iglesia ortodoxa en su cruzada contra el “satanismo”
Viktor Kalinin, de San Petersburgo, cumplió 14 años a finales de abril. Tres meses después, el 30 de julio, se convertía en la persona más joven en ser incluida en la lista de terroristas y extremistas de Rusia. Su delito fue haber prendido fuego a una caja del sistema de señalización ferroviaria. Según declaró en presencia de los agentes de los servicios secretos, un desconocido le conminó a hacerlo bajo amenaza de abrirle un procedimiento penal si se negaba. Ahora bien, la policía, en lugar de considerarlo una atenuante o encausarlo por vandalismo, ha optado por imputarle un acto terrorista.

Ese mismo día, Pável Dúrov, fundador de Telegram, también era incluido en este registro, acusado de colaborar con el terrorismo al permitir el reclutamiento de jóvenes para cometer acciones de sabotaje y atentados a través de su plataforma. La realidad, sin embargo, es que la maniobra era el último episodio de la presión contra su empresa por resistirse a cooperar con el FSB, el antiguo KGB.

Estos dos ejemplos demuestran hasta qué punto el Kremlin está desvirtuando la legislación contra el terrorismo para reprimir las expresiones de disidencia, una tendencia que se ha acentuado desde la invasión de Ucrania. Según los expertos, esta categoría permite estigmatizar a los culpables, imponerles penas más severas e intimidar a la sociedad.
Más de 22.000 terroristas
Rusia tiene publicada una lista con más de 22.000 personas etiquetadas como terroristas y extremistas. De ellas, unas 5.000 han sido añadidas a lo largo del último año. Eso significa que cada día, de media, 13 individuos se incorporan a esta base de datos como sospechosos de tener relación con actividades radicales, un 47% más que un año atrás. Como Kalinin, 493 menores de 18 años son considerados terroristas o extremistas y, de ellos, cerca de un centenar no supera los 16.

OVD-Info, una entidad de referencia en el seguimiento de la represión en Rusia (designada recientemente como extremista), calcula que al menos un 12% de los integrantes de la lista figuran en ella por motivos políticos, aunque apunta que la proporción de los que han sido indexados después del inicio de la guerra puede oscilar entre el 15% y el 20%.

En cuanto a las condenas por casos vinculados con el terrorismo, durante la primera mitad de 2026, un estudio de los activistas de Pervi Otdel y Parubets Analytics señala que se han impuesto más de 1.200, un 58% más que en el mismo periodo de 2025.

Según la organización de derechos humanos Memorial (también calificada de extremista pese a haber recibido el Premio Nobel de la Paz en 2022), como mínimo un 35% de estas sentencias tienen una motivación política. Pervi Otdel indica, no obstante, que esta es una estimación “conservadora” porque los tribunales suelen ocultar información sobre los casos. De hecho, denuncia que “la censura se está intensificando” y que casi dos tercios de los expedientes están clasificados.

“No hay ninguna duda de que 2026 será el año con el número más masivo de condenas por casos de terrorismo de toda la historia del código penal moderno”, concluyen los abogados de esta entidad.

Serguéi Davidis, responsable del proyecto de apoyo a los presos políticos de Memorial, afirma a elDiario.es que el uso por parte de las autoridades rusas de los artículos sobre extremismo y, especialmente, sobre terrorismo es “cada vez más amplio” y que constituye una parte “creciente” de las represiones políticas.





No hay ninguna duda de que 2026 será el año con el número más masivo de condenas por casos de terrorismo de toda la historia del código penal moderno

ONG de Derechos Humanos Memorial




Una tipología delictiva que ha crecido mucho a raíz del conflicto en Ucrania son los sabotajes. Estas actuaciones suelen tener como objetivo dañar objetos o instalaciones del Estado, y pueden responder a acciones de protesta voluntarias o a chantajes. Se trata, como en el caso de Kalinin, de incendios de instalaciones de la red ferroviaria, pero también de centros de reclutamiento, edificios de la administración pública o empresas vinculadas al complejo militar-industrial.

Normalmente, son intentos fallidos, pero incluso así sus autores resultan acusados de terrorismo. Davidis lamenta que sería “jurídicamente más adecuado” procesarlos por destrucción de la propiedad porque este tipo de acciones no encajan dentro de la definición de terrorismo. En cambio, reciben penas “desproporcionadamente largas” por delitos que “prácticamente no han causado ningún daño”.