Ceuta vuelve a poner a prueba el acuerdo de retorno de menores con Marruecos: "No es una autorización de devolución"
elDiario.es · hace 10 días
El pacto no ha permitido ninguna repatriación en más de una década y las voces expertas insisten en que lo principal es la protección de la infancia: "El convenio no es el paraguas para tomar una decisión colectiva"18 cuerpos más para el cementerio de los anónimos: comienzan los entierros de migrantes fallecidos en la entrada a Ceuta
Los días 30 y 31 de julio, miles de personas entraron a Ceuta desde Marruecos, entre ellas numerosos menores solos. Según los últimos datos de Interior, han sido identificados 2.168 niños y niñas que permanecen en la ciudad autónoma, mientras muchos siguen todavía en la calle sin atención. “Estamos en una situación de anormalidad. Hay menores que tienen que estar acogidos por los sistemas de protección que están en la calle y tenemos que solventarlo de forma urgente”, reconocía este viernes el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez Correa.
La situación ha vuelto a poner el foco sobre el acuerdo de cooperación entre España y Marruecos para la protección y el retorno de menores no acompañados que llegan a España. Firmado en Rabat en 2007 y en vigor desde 2012, el acuerdo establece mecanismos para prevenir la inmigración irregular de menores, garantizar su protección en España y facilitar, cuando proceda, su retorno a Marruecos. No obstante, desde entonces no se ha producido ninguna repatriación a Marruecos al amparo de este acuerdo, teniendo en cuenta que las de 2021 se consideraron ilegales.
En una respuesta parlamentaria de marzo de 2020, el propio Gobierno reconocía que, “paradójicamente, desde que el Acuerdo entró en vigor, no se ha producido ni una sola repatriación de menores de edad marroquíes no acompañados a su país de origen, Marruecos”. Las dificultades ya habían sido señaladas por la Fiscalía General del Estado (FGE) en 2011, cuando advirtió de los obstáculos que encontraba España para identificar a los menores, localizar a sus familias y coordinar su retorno entre las administraciones de ambos países. El Supremo confirmó en 2024 la condena a España por la devolución de varios menores de edad a Marruecos desde Ceuta en el verano de 2021 sin ningún tipo de acompañamiento y sin saber en qué situación se encontraban. El tribunal apuntaba, precisamente, que las devoluciones “deben ajustarse a la legislación española y sus garantías y no puede basarse solo en el Acuerdo hispanomarroquí de vuelta concertada de menores”.
El acuerdo existe jurídicamente, pero su aplicación práctica lleva años bloqueada debido a las dificultades a la hora de que se cumplan los mecanismos de retorno de menores marroquíes. Y, a la vez, los expertos consultados por elDiario.es insisten en que legalmente lo que debe prevalecer es la protección de la infancia y se tiene que hacer una valoración individualizada de las circunstancias de cada caso.
El retorno no es “automático”
Ante esta situación, la Comisión Europea ha defendido que los migrantes que permanezcan irregularmente en Ceuta sean retornados a Marruecos, incluidos los menores extranjeros no acompañados que llegaron a la ciudad autónoma durante la crisis migratoria. Bruselas sostiene que el Derecho de la UE permite el retorno de los niños, pero es importante tener en cuenta que este no puede ser automático o colectivo. Se debe tener en cuenta el interés superior del menor y asegurarse de que se garantice la reunificación familiar o la tutela institucional en Marruecos.
Mauricio Valiente, director general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), señala que “un menor nunca puede ser expulsado”. El experto subraya que el retorno no puede confundirse con una devolución sin garantías y que este no puede significar “devolverlo a su país y dejarlo en la calle”.
La reagrupación familiar o el retorno al país de origen es una de las soluciones posibles, pero se tiene que hacer una valoración individualizada de las circunstancias de cada caso
Catalina Perazzo
— Directora de Influencia y Desarrollo de Save The Children
Para Valiente, “hablar de expulsiones de menores no es solo una barbaridad desde el punto de vista de la gestión política, sino una ilegalidad absoluta en España, en Bruselas, y conforme a la legislación española y comunitaria internacional”. Además, añade que “al menor no se le expulsa ni se le repatría, se le agrupa con su familia o con los servicios de protección”, en referencia al procedimiento que debe aplicarse. “Un menor antes que migrante o solicitante de asilo es un menor y como tal tiene que ser tratado”, sostiene.
Catalina Perazzo, directora de Influencia y Desarrollo Territorial de Save The Children coincide en que “la reagrupación familiar o el retorno al país de origen es una de las soluciones posibles, pero se tiene que hacer una valoración individuali
