Centros de detención en California enfrentarán cuantiosas multas si no respetan los derechos de los inmigrantes

Una nueva ley firmada por el gobernador Gavin Newsom establece una “Carta de Derechos de las Personas en Detención Civil” que estén en custodia de inmigración.



“Lo que sabemos es que este año pasado ha sido más peligroso para los detenidos, más de 37 personas murieron en custodia lo que sabemos es que es por las condiciones que encuentran”, aseguró Anna Caballero, senadora estatal y autora de la Ley SB-942.



La carta de derechos establece que los detenidos en centros de inmigración deben ser tratados con dignidad, lo que incluye tener derecho a comida saludable, agua potable, instalaciones limpias y adecuadas, incluyendo baños funcionales, derecho a cuidado médico y también a privacidad, entre otras cosas.



“Son derechos bastante importantes porque protegen a la humanidad de la persona”, indicó Caballero.



Aunque parece básico, un nicaragüense, quien prefirió no ser identificado, estuvo tres meses detenido al sur del estado; dice que no lo es.









“Mal de mi estómago, diarreas por el agua, la comida ni se diga, a veces cruda, con moho el pan a veces, si el pan tenía moho”, dijo el afectado.



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Pero, lo peor para él no fue eso.



“Por lo que yo tenía la infección en mi muela, mandé más de 200 request para que me atendieran y nunca me atendieron me dijeron que si seguía molestando me iban a quitar el permiso a la tableta o a los teléfonos. Como le digo que me tuve que quitar la muela yo mismo”, aseguró el afectado.



Los estándares de cuidado son conocidos, pero reportes y auditorías recientes demuestran el incumplimiento.



“Deberían darlas, pero no las han dado y ya estamos cansados de esperar de que se trate a las personas como personas y no como animales y estamos tomando el derecho que tenemos como estado a proteger a estas personas”, enfatizó Jackie González, codirectora de Inmigrant Defense Advocates.



El procurador estatal ya tiene autoridad de visitar y vigilar estos centros de detención, sin embargo esta ley aumenta su poder.



“Da poder al fiscal de traer demandas cuando no se cumplen con estos derechos básicos  y también le otorga el poder de pedir una multa por cada violación que se encuentre contra una persona”, aseveró González.



Esas multas serian de $2,500 por violación.



“Pienso que ningún ser humano debería ser tratado como nos están tratando acá, cada violación que me hicieron a mí sería un dineral”, dijo el afectado.