El Ayuntamiento de Estepona concedió un club de playa a un exconcejal del PP en Coín investigado ahora por blanqueo
elDiario.es · hace 18 días
El PSOE reclama explicaciones por la adjudicación, el traspaso y de la falta de licencia de apertura del local, que funciona desde 2021El restaurante de lujo adjudicado por el alcalde de Estepona a su nuera no tiene licencia de apertura ni paga canon
El Ayuntamiento de Estepona, liderado desde 2011 por José María García Urbano (PP), concedió en junio de 2017 una parcela en primera línea de playa para construir y explotar un chiringuito durante cincuenta años. La adjudicataria fue la empresa Gestión de Hostelería Estepona, S.L., una mercantil constituida año y medio antes. Tenía como administrador único a Miguel Vázquez Galiano, de profesión asesor fiscal.
En 2019 Vázquez se convirtió en concejal del PP por Coín y un año después vendió las participaciones de la sociedad adjudicataria del chiringuito con todos sus activos. En junio de 2021, Nido Beach Club empezó a funcionar. El pasado diciembre, Vázquez Galiano fue detenido por la Policía en el marco de una operación contra el blanqueo de capitales procedentes de prostíbulos. Dejó de ser concejal pocos días antes de que la Policía comunicara públicamente la operación.
Este miércoles, el PSOE desveló la adjudicación inicial a Vázquez Galiano, que hasta ahora no había trascendido, y recordó que está imputado por blanqueo. “Respetamos la presunción de inocencia, pero el Ayuntamiento tiene que explicar a quién adjudicó durante medio siglo un espacio público y qué controles ha realizado posteriormente sobre esa concesión”, señaló Emma Molina, portavoz socialista del PSOE de Estepona.
“[El chiringuito] nos pareció una inversión interesante, pero luego todo fue un calvario”, explica Vázquez Galiano, quien asegura que otras cuatro empresas concurrieron (este medio no ha podido localizar el expediente en el portal de licitaciones) y que García Urbano sólo supo que él era el adjudicatario “dos o tres meses después” de que terminara el proceso. Asegura que, además de su profesión como asesor fiscal, a veces realiza inversiones propias en otros ámbitos, y este fue el caso. Se da la circunstancia de que Coín es el municipio de origen tanto de Vázquez Galiano como de García Urbano. “Claro que lo conozco, como 40 millones de españoles. Pero él no tenía ni idea de que íbamos a pujar”, señala el exedil.
El exconcejal del PP cree que es “ruin” vincular el caso de presunto blanqueo destapado en 2025 con la adjudicación del chiringuito en 2017, y asegura que la investigación contra él está limitada a las presuntas actividades de un cliente de su despacho: “Cuando uno tiene tantos clientes, a algunos no los conoce”.
La concesión fue formalizada el 22 de mayo de 2017 en un documento suscrito por José María García Urbano (como alcalde de Estepona) y Miguel Vázquez Galiano, como administrador único de la concesionaria. El concesionario se obligaba a pagar un canon anual de 19.593 euros por la concesión de 2.194 metros cuadrados de dominio público en la playa.
Exconcejal investigado desde el pasado diciembre
Vázquez Galiano fue detenido el pasado 7 de diciembre junto a otras 18 personas, acusadas de integrar una red que blanqueó nueve millones de euros procedentes de la explotación sexual de mujeres reclutadas en otros países, principalmente en Colombia, en dos prostíbulos de Málaga capital y Cártama.
Se trata de una investigación ejecutada en dos fases por la Policía, y dirigida por un juzgado en Málaga capital. La detonación de la primera fase de la Operación Gargamel, en noviembre de 2024, permitió liberar a 42 mujeres atrapadas en esta red, que ejercía un dominio sobre sus vidas mediante un sistema de control, vigilancia y amenazas, según informó entonces la Policía. Fue una de las víctimas quien dio la voz de alarma. Estas mujeres relataron que las forzaban a mantener relaciones sexuales y las amenazaban con dañar a sus familiares en los países de origen.
En paralelo, operaba una estructura “de cuello blanco” orientada a camuflar el origen del dinero y reintroducirlo en el tráfico legal. La Policía desarticuló esta estructura en diciembre de 2025. Fueron detenidos presuntos testaferros, una notaria, una abogada, el director de una sucursal bancaria y un asesor financiero: Miguel Vázquez Galiano, quien quedó en libertad tras prestar declaración. Nueve meses después de ser detenido, aún no ha declarado ante el juez de instrucción.
Vázquez, que ocupaba la delegación de Patrimonio y Ayudas Europeas en el Ayuntamiento de Coín cuando fue detenido, dimitió días antes de que la Policía desvelase la operación. Entró en la corporación en tras las municipales de mayo de 2019 (es decir, dos años después de obtener la concesión y dos antes de venderla), y ocupó el puesto seis en las listas del PP en las de 2023. El PP le abrió expediente al conocerse su detención. Desde el partido no han aclarado en qué estado se encuentra ese expediente.
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