La austeridad presente y futura: los límites fiscales del desarrollo en México | Artículo de Mario Luis Fuentes

Por Mario Luis Fuentes*
El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027 permite subrayar una de las contradicciones más importantes de la economía política mexicana contemporánea: mientras las necesidades sociales, las exigencias de infraestructura y los desafíos productivos demandan una ampliación sostenida de las capacidades públicas, el Estado dispone de un margen fiscal cada vez más estrecho para intervenir sobre las condiciones que obstaculizan el desarrollo. Esta situación plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas, pero también sobre la viabilidad de un proyecto nacional capaz de combinar crecimiento económico, redistribución del ingreso y garantía efectiva de los derechos sociales.
De acuerdo con el Paquete Económico presentado por la Secretaría de Hacienda, el gasto neto total propuesto para 2027 asciende a 10.64 billones de pesos. Aunque representa un incremento real respecto del presupuesto aprobado para 2026, su estructura evidencia importantes restricciones. El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria estima que aproximadamente el 80% de los recursos se encuentra comprometido y que el espacio fiscal disponible equivale apenas al 1.6% del PIB. Esto significa que una proporción considerable de los ingresos públicos está destinada a cubrir obligaciones previamente establecidas, dejando capacidades limitadas para atender nuevas necesidades, enfrentar contingencias o impulsar transformaciones estructurales.
Para 2027, el costo financiero de la deuda alcanzaría aproximadamente el 4% del PIB, mientras que las pensiones y los intereses representarían conjuntamente alrededor de 3.9 billones de pesos. Esta magnitud contrasta con los recursos propuestos para inversión pública, cercanos a 1.1 billones de pesos. La comparación permite dimensionar el hecho de que una parte creciente de la capacidad presupuestaria se orienta al cumplimiento de compromisos acumulados, mientras las necesidades de formación de capital público siguen siendo enormes.
La evaluación de las finanzas públicas exige considerar las consecuencias económicas y sociales de las decisiones presupuestarias. Un Estado puede reducir determinados desequilibrios y, simultáneamente, debilitar las condiciones que hacen posible el crecimiento futuro. El mayor riesgo se encuentra cuando la consolidación fiscal restringe la inversión en infraestruc…