Aumento de precios, para rentas más altas y protección temporal: el Gobierno valenciano convierte las VPO en bienes especulativos
elDiario.es · hace 9 días
Desde el año 2024, el Gobierno valenciano que dirigen los populares ha subido un 16,7% el precio de la vivienda protegida, han aumentado el límite de renta para su adquisición, han aprobado desprotegerlas a los 30 años y han priorizado las permutas cediendo la propiedad de suelo a los promotoresEl Gobierno valenciano sube un 16,7% la vivienda protegida en dos años: un piso de 90 metros pasa de 198.000 a 231.120 euros
La política de vivienda del Gobierno valenciano, con el PP al frente del Ejecutivo, primero con Carlos Mazón y después con Juan Francisco Pérez Llorca como presidentes, ha tenido como principal consecuencia que la vivienda de protección pública haya dejado de ser una opción asequible para las rentas más bajas que no pueden acceder al mercado de renta libre.
Así se desprende del balance de las medidas legislativas adoptadas desde 2024 y que enmiendan todo lo aprobado por el anterior Gobierno del Botànic. Una de las causas de esta política es el hecho de haber fiado a la iniciativa privada la construcción y gestión de la vivienda protegida, cediendo a todas sus reivindicaciones: aumento de precios, elevación del nivel de renta de las personas que pueden adquirirlas, eliminación del carácter permanente de la protección y fomento de la fórmula de la permuta, por la que el constructor se hace con la propiedad del suelo público.
Así, en cuanto al precio del metro cuadrado de las VPO, en tan solo dos años la Conselleria de Vivienda, que dirige la vicepresidenta Susana Camarero, ha aprobado dos subidas del precio por metro cuadrado para este tipo de inmuebles, que suponen un encarecimiento acumulado del 16,7%, al pasar de los 2.200 euros que dejó fijados el anterior Ejecutivo de izquierdas en 2023 a los 2.400 euros aprobados en 2024 y a los 2.568 euros anunciados recientemente.
Esto implica que una vivienda protegida de 90 metros cuadrados que en 2023 valía 198.000 euros pasará a costar ahora 231.120 euros, una cuantía alejada de lo que pueden permitirse los principales colectivos con problemas para adquirir un inmueble debido al desorbitado aumento de los precios en los últimos años.
También en 2024 se modificó al alza el límite de renta para poder acceder a una VPO. Así, el nuevo decreto aprobado por el PP de Carlos Mazón en 2024 elevó de 46.800 a 54.600 euros el límite de renta para acceder a estas viviendas, con posibilidad de llegar a los 66.000 euros en determinados supuestos familiares o de discapacidad y dependencia.
El mismo decreto eliminó el carácter permanente de la protección de las viviendas establecido por el Botànic y aplicó una caducidad de hasta 30 años, a partir de los cuales el inmueble pasa a ser de renta libre, por lo que adquiere un mayor valor y mayores facilidades para su venta. Al tratarse de un periodo máximo, en determinados supuestos que no están detallados, incluso se podrían desproteger de forma anticipada. La normativa incluye una disposición transitoria por la cual «todas las viviendas de protección pública amparadas en cualquiera de las normativas anteriores tendrán un periodo de protección máximo de 30 años desde su calificación definitiva».
Además, también a demanda de los promotores, se ha priorizado la fórmula de la permuta de terrenos para promover vivienda protegida, un mecanismo por el cual la Generalitat o los ayuntamientos ceden el suelo público para construir los inmuebles. En virtud de esta modalidad, el empresario se queda con los terrenos en propiedad a cambio de dar a la Administración un porcentaje, por determinar, de las viviendas que construya. La fórmula de la permuta no recibe fondos europeos para fomentar la construcción de VPO al considerarse lesiva para el interés público por la pérdida de patrimonio de suelo que implica.
Vivienda defiende que la construcción de vivienda se ha disparado
Fuentes de la Conselleria de Vivienda han explicado que se ha actualizado un 7 % el módulo de la Vivienda de Protección Pública (VPP) «con el objetivo de garantizar la viabilidad de las promociones y consolidar el fuerte crecimiento que está experimentando la vivienda protegida en la Comunitat Valenciana».
En este sentido, han insistido en que «se trata de una actualización del techo máximo de venta de la vivienda protegida, no de un incremento equivalente de los costes para las familias; además, el ajuste se sitúa muy por debajo del aumento acumulado de los costes de construcción, que alcanza el 21,79%».
El director general de Planificación y Políticas de Vivienda, Juan Antonio Pérez Sala, ha señalado que “durante los ocho años de gobierno del Botànic no se hizo nada para actualizar ni impulsar de forma suficiente la vivienda protegida, y esa inacción contribuyó a paralizar la construcción de VPP en la Comunitat Valenciana, agravando una crisis habitacional sin precedentes”. En este sentido, ha recordado que “cuando finalmente se decidió actu
