La Audiencia Nacional amplía la investigación contra mandos israelíes por el abordaje de la Flotilla

El juez Francisco de Jorge suma al delito de detención ilegal los de torturas y daños que pudieran haberse producido en embarcaciones de bandera española tras estimar un recurso del Partido Comunista de España e Izquierda UnidaLa Audiencia Nacional admite dos querellas contra mandos militares israelíes por la detención ilegal de tripulantes de la Flotilla
El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge ha acordado ampliar los delitos que investiga en la causa abierta por el abordaje de las fuerzas de Israel a la Flotilla Global Sumud que acaeció el pasado 1 de octubre de 2025, cuando se dirigía a Gaza con ayuda humanitaria. Así, al delito de detención ilegal suma los de torturas, daños, lesiones u otros delitos que pudieran haberse cometido a bordo de la embarcaciones de bandera española.

En el auto del juez, al que ha tenido acceso elDiario.es, se indica que toma esta decisión al estimar parcialmente los recursos de los querellantes, entre los que está el Partido Comunista de España e Izquierda Unida, que le indicaron que a bordo de barcos de bandera española también se produjeron torturas y daños a los activistas que participaban de la flotilla. El magistrado explica que si bien en la querella de la querella inicial ese extremo no quedaba suficientemente claro, o no era explicado, ahora sí puede acordar esa ampliación de la investigación porque los nuevos hechos ocurrieron en barcos de bandera española y por tanto entiende que sí es jurisdicción de los tribunales del país.

Por otro lado, también estima de formar parcial la petición de las acusaciones que pedían que sí investigara los hechos cometidos en buques israelíes tras la detención de los activistas. EL juez explica que aunque no puede declarar por el momento la competencia de su juzgado para esos hechos sí que puede practicar las diligencias indispensables “para identificar a los autores de los posibles delitos de torturas cometidas a bordo de los buques del Estado de Israel o en los centros de detención en el territorio de ese Estado”.
Ramatcal Eyal Zamires y Ram Rotberg
Con esta nueva resolución el juez amplía lo que ya acordó en julio, cuando admitió a trámite dos querellas presentadas para investigar al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Israelíes, Ramatcal Eyal Zamires, y al comandante de las Fuerzas Navales, Ram Rotberg, como presuntos responsables de un delito de detención ilegal durante el abordaje a la Flotilla Global Sumud que acaeció el pasado 1 de octubre de 2025, cuando se dirigía a Gaza con ayuda humanitaria.

En su resolución, el magistrado tomaba esta decisión en contra del criterio de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, y admitía las querellas presentadas por el Partido Comunista de España e Izquierda Unida Federal y por varios particulares, dos de los cuales viajaban a bordo de las embarcaciones de bandera española cuando ocurrió el asalto. En la parte dispositiva acordaba, entre otras diligencias, solicitar a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que se pronunciara sobre si puede investigar los hechos y que le informe de si ambos mandos israelíes ya constan como investigados en algún procedimiento judicial abierto.

Los hechos eran calificados inicialmente por los querellantes como delitos de piratería, detención ilegal, torturas y malos tratos, así como delito contra personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado. La resolución señalaba que las fuerzas israelíes abordaron varios buques en alta mar, a unas 70 millas náuticas de la costa, tomaron el control de las naves y privaron de libertad a sus tripulantes. Entre las embarcaciones afectadas había varias de pabellón español, circunstancia que, según el juez, permitía atribuir la competencia a la jurisdicción española para investigar los hechos ocurridos a bordo de esos barcos.

Según el relato de hechos que recoge el auto, “tropas del Estado de Israel” abordaron distintos buques de la denominada 'Global Sumud Flotilla', “muchos de ellos de bandera y bajo jurisdicción española, tomando por la fuerza el control de estas embarcaciones y destruyendo numerosos objetos”. Explicaba que, fruto de ese abordaje, fueron “detenidas ilegalmente las personas que conformaban la dotación de las referidas embarcaciones, en particular decenas de nacionalidad española”.

Añadía que desde la toma de control de los buques, los tripulantes de las embarcaciones “se habrían encontrado bajo situación de detención ilegal” en el centro de detención de máxima seguridad de Ketziot, en el que se habrían producido “continuadas torturas de carácter sistemático y sin asistencia legal y diplomática efectiva”. Indicaba que los dos mandos querellados “habrían tenido, indiciariamente, plena responsabilidad y dominio de los hechos imputados, en su condición de máximos responsables de las fuerzas que han protagonizado los hechos, sin cerrar el elenco de otras personas inicialmente responsable