Ataques contra mujeres en redes sociales por su apariencia es violencia de género, aseguró la Corte Constitucional, tras tutela de gestora social agredida en Facebook: “Bisturí, cámaras, acción”

La Corte Constitucional de Colombia determinó que los ataques en redes sociales contra el cuerpo, la apariencia, la intimidad o las capacidades de mujeres con reconocimiento público pueden constituir violencia de género digital. La decisión se produjo al resolver una acción de tutela presentada por una gestora social de un municipio de Arauca contra un creador de contenido que publicó mensajes sobre su vida privada y su imagen física en Facebook.La Sala Cuarta de Revisión protegió los derechos de la accionante a una vida libre de violencias, a la igualdad y la no discriminación, a la imagen, a la integridad, a la dignidad humana y a la intimidad personal y familiar. El tribunal concluyó que varias publicaciones excedieron los límites de la libertad de expresión porque trasladaron el debate de la actividad pública de la mujer hacia aspectos personales vinculados con estereotipos de género.La Corte separó la crítica pública de los ataques contra la vida privadaEl caso se originó por una serie de contenidos difundidos por un creador digital en Facebook. Las publicaciones se referían al cuerpo, la apariencia de la gestora social, supuestas intervenciones estéticas, su intimidad y el rol que, según el autor, debía cumplir como mujer. También incluían cuestionamientos a labores que la accionante ejercía con proyección pública.La Sala hizo una distinción entre esos dos grupos de expresiones. Indicó que la condición de figura visible de la gestora social permite el escrutinio y el cuestionamiento sobre asuntos de interés general relacionados con su actividad. Esas manifestaciones están amparadas por “la libertad de expresión y la participación política”, de acuerdo con la decisión.La protección constitucional no cubre, en cambio, los mensajes que recurren a la sexualización, la cosificación o la degradación para desacreditar a una mujer. La Corte estableció que tales contenidos no aportan al debate sobre la gestión pública ni a la discusión de asuntos colectivos, debido a que fijan la atención sobre características personales.El alto tribunal señaló que las publicaciones examinadas “sexualizaban, cosificaban, instrumentalizaban, minimizaban, desacreditaban o descalificaban” a la accionante.