Un abogado del juicio contra el exfiscal general por revelación de secretos es investigado ahora por el mismo delito
elDiario.es · hace 2 días
El letrado Juan Antonio Frago, que comparó el caso de García Ortiz en la vista con uno de un asesino de niños, difundió en X el trastorno "ansioso depresivo" de un acusado para denigrarle en esa red social, lo que ya le ha valido una sanción del Colegio de AbogadosSuspendido un mes el abogado que pide la pena más alta para el fiscal general por insultar al investigado de otro caso
El abogado Juan Antonio Frago Armada, que integró la acusación popular contra el ex fiscal general del Estado, es investigado en un juzgado de Madrid por revelación de secretos, el mismo delito que él atribuyó a Álvaro García Ortiz en el juicio celebrado en el Tribunal Supremo. Frago acompañó su participación en la vista de exabruptos en la red social X contra otras partes y testigos. Ahora, Frago debe responder por publicar en X un mensaje denigratorio con datos sobre la salud de la parte contraria en un procedimiento de la Audiencia Nacional.
Por estos hechos, Frago Armada es investigado en el Juzgado de Instrucción número 40 de Madrid, que en un primer momento no apreció delito en la conducta el abogado. El denunciante recurrió y ahora la Sección número 30 de la Audiencia Provincial de Madrid ha resuelto que hay motivos para investigar a Juan Antonio Frago y ha obligado al magistrado instructor a reabrir la causa. Ese mismo mensaje ofensivo, junto a otros, ya le valieron a Frago una sanción de inhabilitación de 30 días por parte del Colegio de Abogados que 10 meses después aún no ha cumplido.
Un auto de la Sección 30, al que ha tenido acceso elDiario.es, considera que Frago habría faltado al “deber de sigilo y reserva al que están sometidos los abogados” respecto de los datos que conocen como parte personada en un caso, más aún cuando esa información afecta a la salud de terceros. “La ética profesional obliga al letrado a preservar la confidencialidad de la información obtenida en el ejercicio de su función y a abstenerse de utilizarla como instrumento de exposición pública o descrédito profesional”, escriben los magistrados.
Frago es el abogado de la mujer que denunció al agregado de Interior en la Embajada española en India por acoso y agresión sexual. El comisario fue suspendido cuando se conoció su imputación en una causa que sigue instruyéndose en la actualidad. En aquel momento, el comisario pidió la suspensión de su declaración como investigado aportando un informe sobre “un trastorno depresivo ansioso”.
El letrado Frago publicó en X: “Ver que un comisaurio [sic] pide la suspensión de una declaración de investigado por 'aparente depresión' es para que le entre la risa a uno. El que te tendría que defender con su vida que no se atreve a hablar ante un juez. Hora de pasar al patíbulo”. El tuit incluía la foto de una guillotina y fue borrado por Frago después de la denuncia ante el ICAM.
Captura de uno de los tuits borrados por Frago
Los jueces de la Audiencia Provincial de Madrid censuran que el juez no haya tomado declaración siquiera al denunciante antes de archivar las actuaciones. El instructor adoptó tal decisión al considerar que Frago solo aludió en X a “incidencias procesales” que no afectaban al contenido de la investigación judicial y que, por tanto, los hechos no tenían encaje en el delito de descubrimiento y revelación de secretos.
El auto de la Sección 30, del que ha sido ponente Pilar Llop, afirma que el sobreseimiento provisional acordado por el juez instructor “únicamente resulta procedente cuando de manera clara y terminante pueda afirmarse que los hechos denunciados carecen manifiestamente de relevancia penal o cuando resulte imposible obtener base indiciaria alguna sobre su comisión”.
Recuerda la Sala que el artículo 199.2 del Código Penal sanciona al profesional que, “con un incumplimiento de su obligación de sigilo o reserva, divulgue secretos de otra persona conocidos precisamente por razón de su activi
