Diversos activistas por una red de residencias públicas de calidad de diferentes partes del país analizan la situación a la que se
enfrentará España en unos años y la creciente necesidad de plazas en estos centros sociosanitarios, cuya privatización ha ido
a más en las últimas décadasUn informe marca los mínimos para una atención de calidad en las residencias: “Si falta personal, hay falta de cuidados”
El tema se cuela cada día en más y más conversaciones, produce cierto temor en las personas que se acercan a la jubilación y supondrá un problema para aquellas con menos recursos. La inexistencia de una red pública de residencias para mayores y dependientes empieza a ser una de las cuestiones que con mayor ahínco preocupan a la sociedad española, donde la empresa privada ha encontrado un gran nicho que explotar ante la desidia de la administración pública.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), actualmente en España hay un 21,1% de personas mayores de 65 años. Para 2050, se prevé que la cifra supere el 30% y para 2076 la proyección se fija en el 30,9%. “Si ya es insuficiente el sistema, no me quiero ni imaginar cómo será dentro de unos años”, adelanta Carmen López.

Ella es portavoz de Marea de Residencias en la Comunidad de Madrid, desde donde hace años denuncian la dejadez por parte del Gobierno regional frente a la oferta de plazas en residencias públicas. “En España, en torno al 90 % de las residencias son de gestión privada. En Madrid estamos en un 94%”, aseguran desde el colectivo. De los casi 500 centros sociosanitarios que existen en la región gobernada por Isabel Díaz Ayuso, tan solo 25 son públicas, a los que se suman 18 más de titularidad pública, pero de gestión indirecta.

López añade que el verdadero negocio está en las plazas concertadas por parte de la administración en residencias privadas. “Tienen una temporalidad de cuatro años y pueden suprimir estas plazas pasado ese tiempo. Esto conlleva un grave perjuicio al usuario, porque muchas veces tiene que cambiar de residencia, que es su casa y su barrio, sus compañeros, sus personas de referencia”, enfatiza la portavoz.

La Comunidad de Madrid ha intentado parchear el envejecimiento poblacional que se avecina en España y la necesidad de mayores cuidados que precisará gran parte de la sociedad con la construcción de nuevas residencias, aunque el modelo no convence a los activistas. “Levantan residencias en suelo público, muchas veces cedido por los ayuntamientos, cuya gestión conceden a una empresa privada por 75 años, y tampoco garantizan que las personas puedan mantener sus plazas de forma vitalicia”, se queja López.
Decenas de miles de plazas necesarias
En este sentido, Marea de Residencias reivindica la creación de un parque público de centros sociosanitarios que garantice a las personas más longevas un lugar en el que pasar sus últimos años de vida con calidad. Tampoco hay cifras sobre las que guiarse. A pesar de que numerosos artículos e informes toman como referencia una supuesta recomendación de la Organización Mundial de la Salud que indicaba que deben existir al menos cinco camas en residencias por cada cien mayores de 65 años, la entidad lo desmintió hace tres años.

Por su parte, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales informó este enero que la ocupación total en los centros supera el 82% de las plazas. Es decir, en España hay 339.655 personas que viven en residencias, 62.600 más que el año anterior. Sus estimaciones indican que todavía son necesarias más de 50.000 plazas para atender la demanda actual de personas con demencia severa y gran dependencia. Además, la cifra se doblaría hasta las 100.000 para alcanzar la ratio de cinco plazas por cada 100 habitantes mayor de 65 años.

“Lo que no queremos es que la respuesta sea aumentar la colaboración público-privada, porque aquí solo tienen negocio si la administración hace dejación de funciones”, sostiene la portavoz madrileña de Marea de Residencias. “Mucho tienen que cambiar las cosas para llegar a esos mínimos que garanticen una asistencia de calidad a nuestros mayores. Parece que no hemos aprendido nada de lo sucedido durante la Covid”, enfatiza la misma López, quien cita el fatídico número 7.291: las personas que vivían en residencias de la Comunidad de Mad