El Ejecutivo tiene el mes de agosto para negociar con Junts la puesta en marcha de la regulación de los alquileres temporales y por habitaciones que lleva resistiéndosele desde 2024El Gobierno aplaza a septiembre el decreto de alquileres tras el rechazo de Junts y Podemos al primer borrador
“Esta va a ser la legislatura de la vivienda”. Es uno de los eslóganes que, con mayor insistencia, ha utilizado el Gobierno desde que revalidó su mandato en 2023. El propio presidente Pedro Sánchez ha hecho bandera de ello en múltiples ocasiones, así como los ministros del ala socialista del Ejecutivo. No obstante, el acceso a un techo sigue siendo el principal problema de los españoles, según revelan consistentemente los barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el último el de julio.

El decreto para paliar las subidas de los precios del alquiler, recientemente postergado hasta septiembre, se perfila como una de las últimas oportunidades para que el Gobierno adopte algunas de las medidas que ha ido prometiendo, pero que han quedado en agua de borrajas en una legislatura dificultada por la compleja aritmética parlamentaria, pero también protagonizada por choques entre las dos almas del Consejo de Ministros.

La medida estrella de ese decreto que el Gobierno quería poner en marcha en julio, pero que se ha visto obligado a retrasar a septiembre ante la negativa —por motivos muy diferentes— de Junts y Podemos a convalidarlo en su actual redacción, es la prórroga por dos años de los contratos de alquiler que venzan en 2026, 2027 y la primera mitad de 2028. Se trata de una medida que el PSOE únicamente aceptó a regañadientes en el primer decreto que el Ejecutivo aprobó hace unos meses, el cual fue tumbado a finales de mayo en el Congreso por PP, Vox y Junts.

Los socialistas han aceptado volver a incluirla en este segundo texto, puesto que los independentistas catalanes han dado señales de poder aceptarla a cambio de que se incluyan en el texto sus reivindicaciones: básicamente, exenciones fiscales a inquilinos y propietarios con hipoteca y medidas para facilitar los desahucios exprés.

Pero el decreto que ha preparado el Gobierno —y que tendrá que reescribir al menos en parte si logra un acuerdo en verano con Junts y Podemos— incluye otras medidas de calado que PSOE y Sumar prometieron aplicar durante la legislatura en el pacto de coalición que cerraron a finales de 2023, pero que aún siguen en un cajón. Las dos fundamentales son las que servirían para endurecer, respectivamente, la regulación del alquiler temporal y del arrendamiento por habitaciones, para evitar que los propietarios —especialmente en zonas tensionadas— utilicen estas figuras de manera fraudulenta para poder aplicar precios más altos a sus pisos, cambiar más fácilmente de inquilinos y tener menos obligaciones para con ellos.

Estas medidas no venían expresamente recogidas en el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Podemos, pero se han convertido en la prioridad del Ministerio de Vivienda en la última parte de la legislatura, aunque previa presión de los movimientos sociales por el derecho a la vivienda. De hecho, estos colectivos presentaron —vehiculándola a través de Sumar, Podemos, ERC, Bildu y BNG— en el Congreso una proposición de ley en julio de 2024 para equiparar los arrendamientos de vivienda habitual, a nivel de obligaciones para los propietarios y protección para los inquilinos, con los alquileres por meses y los que afectan a una sola habitación de un inmueble. Ese primer texto fue rechazado por Junts, PP y Vox, pero la polémica fue tal que se volvió a presentar tres meses después.

La tramitación de esa segunda proposición de ley impulsada por la izquierda avanzó relativamente rápido, pero se estancó el pasado noviembre, en su penúltima etapa. Desde entonces, sigue congelada, y de ahí que Vivienda haya optado por intentar aprobar la regulación del alquiler de temporada y por habitaciones en el decreto. En concreto, el Gobierno pretende establecer una duración máxima de 12 meses para los contratos de temporada, que deberán firmarse con una justificación de la temporalidad del inquilino. En cuanto a los contratos de habitaciones, con el decreto estarían amparados por la ley de arrendamientos urbanos, lo que establecería una duración mínima de cinco años para los contratos y ampliaría las restricciones para los caseros, que, por ejemplo, ya no podrían aparecer