El presidente de la productora ADM y alto cargo de la Junta, Sergio Gómez, se aferra a que el 52% de la compañía es privada para evitar responder sobre el ex CEO Gustavo Fuentes, imputado por agresión sexual a una trabajadora. Gómez avisó al acusado de que había otra denuncia contra él antes de que se lo notificara un juez
Un alto cargo de Moreno alertó al CEO de la productora de Canal Sur de otra denuncia tras ser acusado de acoso sexual

El nombre del presidente de la productora Andalucía Digital Multimedia (ADM) y alto cargo del Gobierno de Juanma Moreno aparece en la causa judicial que instruye el Juzgado de Violencia contra la Mujer número 5 contra Gustavo Fuentes, investigado por agresión sexual y acoso sexual continuado a una trabajadora.

En un escrito remitido al juez, el propio acusado revela que Sergio Gómez Rojas le avisó con antelación de que la testigo clave del caso le había denunciado por “coacción” y por un mensaje “amenazante” enviado desde su cuenta de Instagram. La llamada de ese alto cargo de la Junta le permitió armar una defensa -un supuesto “hackeo” del móvil- y hacérsela llegar al magistrado que le estaba investigando antes, incluso, de que tuviera noticia de la denuncia de la testigo.

Gómez Rojas es el director gerente de la Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones (Sandetel), una empresa pública adscrita a la Agencia Digital de Andalucía (ADA), que ha pasado por tres consejerías en menos de dos años: Presidencia, que comanda el vicepresidente primero de la Junta, Antonio Sanz; Industria, que lleva Jorge Paradela; y actualmente en la cartera de Inteligencia Artificial, de reciente creación, que ha recaído en el consejero José Antonio Nieto.

A preguntas de este periódico sobre la implicación de Gómez Rojas en el embrollo judicial del ex CEO de ADM, el primero ha derivado la responsabilidad sobre Sandetel en el segundo; el segundo en el tercero, y éste, que acaba de recibir las competencias digitales, también ha escurrido el bulto: “No tenemos nada que decir sobre este tema”.

La vicepresidenta y portavoz de la Junta, Carolina España, tampoco ha querido responder este jueves por sus compañeros en el Consejo de Gobierno: “Pregúntele a Nieto”, dijo, tras subrayar que el tema está “judicializado” y, por tanto, “máximo respeto a la justicia”.

Para conocer la implicación y el papel que ha tenido el Gobierno andaluz en todo el escándalo sexual que rodea a Gustavo Fuentes y la productora ADM, una empresa participada al 47,8% por la Junta, este periódico ha recurrido también al Portal de Transparencia.

Pero ha sido el propio Gómez Rojas, en calidad de director gerente de Sandetel y presidente de ADM, quien ha rehusado dar explicaciones también por esta vía, asegurando que la principal productora de Canal Sur no está sometida a la Ley de Transparencia, en tanto que es una sociedad mercantil con más accionistas privados que públicos. Concretamente un 4,4% más de capital privado. Aunque el accionista mayoritario siga siendo el Gobierno andaluz, la empresa esté asociada estratégicamente a la RTVA, y el presidente del Consejo de Administración sea el propio Gómez Rojas, designado por la Junta.

“ADM es una entidad en la que la participación pública, directa e indirecta, no alcanza el 50% de su capital social; por tanto, y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley de Transparencia, está excluido del ámbito subjetivo marcado por la norma para la aplicabilidad de las obligaciones en la misma contempladas”, reza la respuesta escrita a través del Portal de la Junta, cuando elDiario.es requirió las actas del Consejo de Administración que aprobó la “cesión temporal de las funciones” del CEO de la productora, 18 horas después de que este periódico publicase que llevaba casi tres meses imputado por delitos sexuales.

Todas las deliberaciones del Consejo de la principal productora de Canal Sur están sujetas a la “confidencialidad” y toda la documentación que manejan es “de naturaleza privada”, defiende Gómez Rojas. La Ley estatal de Transparencia, en su artículo 2.g, obliga a “las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de las entidades previstas en este artículo sea superior al 50 por 100”.

No obstante, varios expertos consulta