Las defensas denuncian que la causa está repleta de irregularidades y confían en que en septiembre el asunto acabe en un juzgado de MadridLa fiscal del caso Montoro contesta a las defensas: “No es una causa política, sino actuaciones graves de corrupción”
Hace escasos días, el juez Rubén Rus, que investiga al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro desde su juzgado de Tarragona, tomó la decisión de prorrogar la instrucción. En su resolución explicaba que la investigación era “sumamente compleja” y que desde que se levantó el secreto de la causa allá por junio de 2025 solo se ha tomado declaración a la mitad de los imputados, de los que solo uno quiso responder. Montoro aún no ha sido citado para que explique si, como sostiene la investigación, se valió de un despacho fundado por él, Equipo Económico, para recibir pagos a cambio de modificar leyes desde el propio Gobierno del que formaba parte a conveniencia de determinados clientes.

Además, añadía el juez, hay varias diligencias (hasta cuatro) de las que debe ser informado por los Mossos d'Esquadra, que ejercen de policía judicial en este caso. Y advertía de que, de esos atestados, bien pudieran generarse nuevas vías de investigación. Así, más allá de esa sensación de que nada se mueve en ese juzgado de Tarragona, Rus no parece haber dejado de lado la instrucción ni parece haber sucumbido ante la montaña de escritos y de recursos presentados por los investigados.

Entre la tarea pendiente de los Mossos está la de analizar los movimientos bancarios de Montoro y de seis personas más de su entorno, incluido su hermano: quiere rastrear cada paso desde el 1 de enero de 2006 hasta la actualidad, porque le atribuye la presunta comisión de delitos de cohecho, fraude contra la Administración Pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental.

No obstante, hay una realidad a la que el juez se enfrenta: la causa lleva abierta desde 2018, ya son ocho años, y desde 2025 la treintena de investigados ven afectada su vida laboral de forma drástica. Por eso, las fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es ven con expectación el mes de septiembre porque será entonces cuando la Audiencia Provincial de Tarragona se pronuncie sobre si el caso debe quedárselo el juez instructor o si, por el contrario, debe ser remitido a los juzgados madrileños, tal y como quieren las defensas.

Así pues, la vuelta de las vacaciones —agosto es mes inhábil en la Administración de Justicia— se antoja crucial para el devenir de esta causa. Y mientras, las defensas de los encausados no dan puntada sin hilo y ya han presentado recursos contra el auto por el que el juez prorrogaba la instrucción. Se basan en múltiples defectos, como que ha acordado prorrogar sin pedir previo pronunciamiento de las partes personadas en el procedimiento.

En el recurso del ministro, al que ha tenido acceso elDiario.es, se detallan lo que, a su juicio, son una serie de irregularidades que se habrían producido a lo largo de la instrucción, como que permaneciera bajo secreto siete años, que se produjeran a lo largo de ese periodo filtraciones a medios, que se acordara revisar movimientos bancarios remontándose a diez años antes de los hechos investigados, o que no se les haya dado traslado de la totalidad de la causa aun a día de hoy. A esto añade que ha tenido conocimiento de que los Mossos podrían estar tomando declaración a testigos sin control judicial, y entiende que se está ante una instrucción prospectiva.

Por su parte, el despacho que los investigadores consideran epicentro del tráfico de influencias, Equipo Económico, ha presentado también su recurso contra la prórroga. Hace hincapié en que no se ha cumplido con el trámite de audiencia a las partes sobre la procedencia de la misma. Y advierte de que esta “no es una mera irregularidad formal carente de trascendencia” porque genera “una evidente indefensión” y puede determinar la nulidad de esa resolución.

“La actuación del órgano judicial que ahora impugnamos abunda en lo que no es si no una manifestación más del absoluto desprecio por parte de este órgano judicial al derecho de defensa de los investigados”, lamentan, para acto seguido recordar que en la ampliación de la prórroga del mes de enero ocurrió algo pa