Dos fiscales especializados abren expediente tras la decisión de la Vicepresidencia autonómica en manos de la extrema derecha de quitar la paga semanal solo a los extranjerosLos pliegos vigentes desmontan el “ahorro” prometido por Vox al suprimir la paga semanal a los menores migrantes en Aragón

La Fiscalía General del Estado ha abierto una investigación sobre la decisión del Gobierno de Aragón de retirar la asignación semanal de 17 euros a los menores extranjeros no acompañados tutelados por la comunidad. Según ha adelantado la Cadena SER, la fiscal de Sala de Menores, Teresa Gisbert, y el fiscal de Sala contra los Delitos de Odio, Miguel Ángel Aguilar, han incoado sendos expedientes gubernativos para analizar si la medida vulnera el interés superior del menor o puede constituir un delito de odio.

Los dos fiscales trabajan conjuntamente y ya han requerido a la Consejería de Desregulación, Bienestar Social y Familia la instrucción por la que se ordena retirar el dinero de bolsillo. También han solicitado que el Ejecutivo confirme si la medida afecta únicamente a los menores extranjeros no acompañados y que justifique ese trato diferenciado. En función de la respuesta, estudiarán tanto una posible actuación por la vía penal como un recurso contencioso-administrativo si consideran que la instrucción vulnera derechos de los menores.

La apertura de la investigación coincide con un cambio en la explicación ofrecida por el Gobierno de Aragón sobre el alcance de la medida. Después de anunciar la retirada de la paga semanal a los menores extranjeros no acompañados, la Consejería de Desregulación, Bienestar Social y Familia sostiene ahora que la nueva instrucción se limita a los Centros de Atención Inmediata a la Infancia Migrante (CAIIM) y Centros de Atención Temporal a la Infancia Migrante (CATIM) de Peralta de Alcofea, Torrero y Movera, recursos en los que únicamente residen menores extranjeros.

El departamento que dirige Alejandro Nolasco justifica este cambio de criterio en motivos de seguridad. Asegura que recibe de forma constante partes de incidencias de estos centros y que dispone de informes que reflejan un elevado número de “asaltos, reyertas, robos y actos de delincuencia” que ponen en riesgo tanto a los trabajadores como a los propios menores, que, subraya, “también son víctimas de otros internos”. Según la Consejería, la circulación de dinero en efectivo incrementa estos episodios violentos al favorecer robos, agresiones y extorsiones entre los residentes.

El Ejecutivo insiste en que la instrucción “no responde a la nacionalidad” de los menores, sino a que esos tres centros concentran los mayores problemas de convivencia. “Se suprimen las pagas porque coincide que donde se encuentran estos menores se dan los mayores índices de delincuencia y violencia, no por el hecho de que sean extranjeros”, sostiene el departamento. Añade además que la medida cuenta con el visto bueno de los servicios jurídicos y se enmarca en el endurecimiento del régimen interno de los centros previsto en el pacto de gobierno entre PP y Vox, por lo que anticipa que habrá nuevas actuaciones en esa misma línea. El departamento añade que esta decisión responde también a la necesidad de reforzar la guarda y custodia de los menores y recuerda que la Audiencia Provincial condenó este año al Gobierno de Aragón a indemnizar con cerca de 200.000 euros a una mujer de 94 años agredida por dos menores extranjeros tutelados, una sentencia que, según la Consejería, cuestionaba el funcionamiento del sistema de protección.

Sin embargo, esa explicación será precisamente uno de los aspectos que analizará la Fiscalía. En declaraciones a la Cadena SER, la fiscal de Sala de Menores, Teresa Gisbert, ha explicado que uno de los requerimientos enviados al Gobierno de Aragón busca conocer la instrucción por la que se retira el dinero de bolsillo, confirmar si la medida afecta únicamente a los menores extranjeros no acompañados y exigir al Ejecutivo que justifique esa diferencia de trato. Asimismo, ha señalado que la Unidad de Delitos de Odio estudia si los hechos podrían ser constitutivos de este delito y que, si concluyen que la instrucción vulnera el interés superior del menor o supone una discriminación contraria a la ley, la Fiscalía podría recurrirla por la vía contencioso-administrativa.
Una semana de polémica
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