Combatir la desinformación no significa negar la posible existencia de delitos, negligencias, conflictos de intereses o malas decisiones administrativas. Significa exigir que cada acusación se sostenga sobre hechos comprobables. También significa rechazar el uso oportunista del miedoIncendios: un poco de luz en tiempos de confusión
Cada gran incendio forestal deja tras de sí un paisaje quemado, personas afectadas y una comprensible necesidad de encontrar explicaciones. Vaya por delante la solidaridad para quienes lo han padecido y, especialmente, para quienes lo han combatido. También deja un espacio fértil para los oportunistas de la desinformación. Antes incluso de que se conozca la causa del fuego, las redes sociales se llenan de mapas sin contexto, supuestas conspiraciones y responsables elegidos de antemano. Desde la agenda 2030 (que muchos no han leído siquiera) hasta los ecologistas, la ristra de culpables y barbaridades se multiplica…

Como ejemplo (desgraciadamente hay muchos más), una de las burradas más repetidas afirma que “se quema el monte para instalar placas solares o aerogeneradores”. La frase funciona porque ofrece una explicación sencilla, un culpable reconocible y una indignación inmediata. El problema es que es falso y omite el marco jurídico.

Los hechos: la Ley 43/2003, de Montes, establece que las comunidades autónomas deben garantizar las condiciones para la restauración de los terrenos forestales incendiados. Su artículo 50 prohíbe el cambio de uso forestal durante al menos treinta años y también las actividades incompatibles con la regeneración de la cubierta vegetal. Punto. Si bien es cierto que la ley contempla excepciones tasadas (como que el cambio de uso estuviera previsto antes del incendio o para que la competencia no fastidie los planes, por ejemplo), no es algo sencillo poner una planta solar o un centro de datos en tierra quemada. Dichas excpeciones, además, deben ir acompañadas por medidas compensatorias que permitan recuperar una superficie forestal equivalente. En los montes catalogados de utilidad pública, para colmo, esta última excepción no puede aplicarse.

Por tanto, un incendio no recalifica automáticamente el terreno, no elimina sus protecciones y no abre una vía rápida para construir una instalación energética. En una sociedad normal esta explicación debería servir para atajar tales gilipolleces, pero la verdad es que la gente tampoco lee aquello que no le gusta. Maldita postverdad. Y malditos saprófitos que usan el miedo y la ignorancia a su favor.

Los incendios forestales son un problema complejo. Y, como tal, requieren soluciones de cierta complejidad. Pocas personas quieren ser ganaderas, agricultoras, forestales o pescadoras, porque es duro. Muy duro. Y por eso el monte, que desde que bajamos del árbol (algunos siguen en él) nos ha nutrido de recursos (leñas para cocinar y calentarnos, forraje para los animales que nos daban la carne, madera para construir barcos o edificios…), está en su mayoría abandonado a su suerte, salvo honrosas excepciones.

Desgraciadamente, la desinformación prospera precisamente cuando una cuestión compleja se reduce a una coincidencia dibujada sobre un mapa. Que exista una solicitud de parque solar, una línea eléctrica, una explotación minera o cualquier otro proyecto en una comarca no permite concluir que el incendio haya sido provocado para favorecerlo. Otro ejemplo: las dificultades burocráticas para que una finca tenga un proyecto de ordenación de montes con el fin de aprovechar sus recursos alimenta el discurso de quienes de forma falaz dicen: “Es que si tocas una piña te denuncian”. Convertir una sospecha en certeza sin investigación es desinformar, aunque la afirmación se presente como una denuncia valiente o como una defensa del territorio.

No son los únicos bulos. También se repite que los montes arden porque “no se limpian” (como si un ecosistema forestal fuera un solar y toda la vegetación fuese suciedad), que bastaría con llenar el país de cortafuegos o productos milagrosos, que más aviones apagarían cualquier incendio, o que el pastoreo, las quemas prescritas, la tala o la prohibición absoluta de intervenir son, cada una por separado, la solución definitiva. Todas esas herramientas pueden resultar útiles en determinados lugares y bajo determinadas condiciones. Ninguna sirve para todo el territorio, frente a cualquier comportamiento del fuego y en cualquier escenario meteorológico.

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