La normativa del Ayuntamiento de Madrid impide convertir en una dotación pública un noveno piso de un edifico residencial en el barrio de Chamberí donde se encuentra. Solo podría albergar un despacho profesional como complemento a una vivienda habitualAyuso reconoce que el ático comprado por su Gobierno será para “reuniones” y ataca a los medios: “Una campaña de desprestigio”
El ático de casi 500 metros cuadrados que acaba de comprar la Comunidad de Madrid en una de las zonas más caras de la capital no puede ser convertido en una oficina. La normativa urbanística municipal impide que en esta parte de la ciudad pueda implantarse ni oficinas ni servicios por encima de la planta baja o la primera de cualquier edificio.

El inmueble adquirido por el Gobierno de Ayuso se rige por la Norma Zonal 1, Grado 3º, según consta en la información urbanística del Ayuntamiento de Madrid. Las normas del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid indican que este tipo de inmuebles no puede albergar oficinas de la administración pública, por no estar incluida esta actividad dentro de las actividades económicas que lo permiten.

Tampoco podría este ático albergar un despacho profesional, ya que aunque algunos profesionales son capaces de abrir legalmente negocios de este tipo -despachos profesionales domésticos- para poder hacerlo, dicho inmueble debe haberse constituido como su vivienda habitual

La Comunidad de Madrid explicó inicialmente que el inmueble adquirido en el Paseo del General Martínez Campos, situado en la novena planta, sería utilizado como “oficina” por el Gobierno de Ayuso. Más tarde, fue la propia presidenta regional la que matizó que se emplearía para “reuniones profesionales”. Un tipo de actividad que encaja en un uso dotacional de una administración pública, prohibido por la normativa del Ayuntamiento de Madrid en este lugar.

La compra del inmueble se produjo hace tres meses según El País y para ello el Gobierno regional utilizó la empresa pública Planifica Madrid. Según Ayuso, se trata de “una agencia que a lo largo de todo el año reorganiza el patrimonio de la Comunidad de Madrid y también se vende. Porque tampoco se cuenta todo lo que se ha vendido para comprar este u otros inmuebles”, explicaba en rueda de prensa al dar explicaciones sobre este ático, sin aclarar el importe de la compra y qué uso futuro tendrá. Este periódico ha preguntado al área de Presidencia sobre este uso previsto y el importe de la compra del citado ático, sin haber obtenido respuesta hasta ahora.
La oposición reclama información sobre la compra y el uso
El ático de Chamberí está situado a poca distancia de la casa de la familia de Isabel Díaz Ayuso, en el entorno donde creció la presidenta. Se encuentra en el mismo distrito donde actualmente vive -en otro ático- aunque en un barrio del este, distante a la residencia habitual de la líder del PP regional.

Tanto Más Madrid como PSOE han reclamado explicaciones al Gobierno regional por esta compra y por el uso real que va a tener el inmueble. Eduardo Rubiño, portavoz adjunto del primer partido de la oposición en el Ayuntamiento, acusa a la presidenta de que aquí no hay un plan para instalar ninguna oficina temporal sino “un capricho de Ayuso, que tiene obsesión con los áticos de lujo en Chamberí pero muy poca afición a pagárselos de su bolsillo”.

Su concejala especializada en temas urbanísticos, Sara Ladra, ha explicado en un hilo en redes sociales por qué no se puede abrir allí legalmente una oficina y advierte: “No vamos a tolerar que se vulnere o retuerza la normativa para usar como oficina lo que tiene más pinta de ser otra vivienda de lujo para uso y disfrute de Ayuso pagada con el dinero de todos”. De momento, ha solicitado igualmente copia de la licencia o título habilitante para implantar oficina en dicha vivienda.

Por parte del PSOE, el partido advierte que si esta propiedad ahora pública se destina a oficina “sería un uso contrario a la normativa urbanística, y si se mantiene como vivienda, reclama explicaciones sobre quién la ocupará y cuánto dinero público ha costado su adquisición”. Su edil dedicado al urbanismo, Antonio Giraldo, ha ironizado en un tuit: “Si es para oficinas provisionales, el Ayuntamiento de Madrid va a tener que denunciar a la CAM y emitir una orden de clausura contra una actividad ilegal. Además de una posible