La Justicia estudia si suspende el veto a las ONG no abolicionistas de la prostitución de las subvenciones de Igualdad
elDiario.es · hace 9 h
La Audiencia Nacional admite a trámite el recurso contencioso-administrativo que han interpuesto tres organizaciones contra el nuevo requisito en las ayudas de trata y violencia machista, que obliga a reconocer la prostitución como "una forma de violencia sexual"Más de 50 entidades se unen contra el veto de Igualdad a los colectivos no abolicionistas: “Es inconstitucional”
La cláusula abolicionista de la prostitución que el Ministerio de Igualdad ha incorporado en las subvenciones de trata y violencia machista ha llegado a los juzgados. La Audiencia Nacional acaba de admitir a trámite el recurso contencioso-administrativo que tres asociaciones han interpuesto contra la modificación de los requisitos aprobada este año y que incorporó como novedad la exigencia de que las ONG que quieran presentarse a las ayudas deben declararse abolicionistas de la prostitución.
Será la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia la que deberá estudiar las nuevas bases reguladoras y decidir sobre la medida cautelar solicitada por las tres organizaciones, que reclaman la paralización de los nuevos requisitos mientras se resuelve el fondo del asunto. El BOE publicó el pasado 22 de abril las órdenes ministeriales que obligan a las entidades que concurran a las ayudas a reconocer “expresamente” la prostitución y la gestación subrogada como una “forma de violencia contra las mujeres”.
Se trata de dos subvenciones diferentes que reparten entre ambas 20 millones de euros: unas destinadas a la lucha contra la trata con fines de explotación y sexual, y otras para programas de prevención y sensibilización en violencia machista. El cambio en las bases reguladoras fue conocido el pasado febrero, ante lo que medio centenar de asociaciones se unieron para protestar contra lo que consideran un requisito “inconstitucional”. Entonces ya anunciaron que, si el Ministerio de Igualdad no daba marcha atrás con su propuesta, iniciarían acciones legales.
El recurso, presentado por el Comité de Apoyo a las Trabajadoras Sexuales (CATS), la fundación Ámbit Prevenció y la asociación Genera, considera que los nuevos requisitos “constituyen un condicionamiento ideológico directo” sobre las organizaciones solicitantes de las ayudas que “vulnera” los artículos 14 y 16 de la Constitución. Según la orden, las ONG deben declarar la prostitución como una forma de violencia machista a través de sus estatutos o mediante experiencia previa y deben firmar además una “declaración responsable” en la que lo afirmen.
El Ministerio ha justificado el cambio para “reafirmar el enfoque feminista” de las ayudas basándose en la “perspectiva de género y el enfoque abolicionista”, según el preámbulo de la convocatoria. Una afirmación que para las organizaciones recurrentes supone un reconocimiento “sin ambages” de que “el criterio rector de los nuevos requisitos de acceso no es la capacidad técnica de las entidades solicitantes, sino su alineamiento con una postura ideológica determinada en materia de prostitución y gestación subrogada”. El recurso recalca que la “equiparación” de la prostitución con la violencia sexual “carece de respaldo en el ordenamiento jurídico”.
Por el momento, la Audiencia Nacional ha admitido a trámite el recurso sobre la orden que regula las ayudas relativas a la trata con fines de explotación sexual, pero las entidades esperan que haga lo mismo con la de los programas de violencia machista. En ambos casos, han replicado el recurso y piden que se frenen cautelarmente las nuevas condiciones debido a que, de no hacerlo, la exclusión o “penalización” de las ONG que no cumplan la condición “consumará de forma irreversible en cada convocatoria que se celebre” durante el tiempo en que se resuelve el recurso. La Audiencia ha decidido abrir una pieza separada para tramitar esta solicitud.
Preguntado sobre el proceso, el Ministerio de Igualdad apunta a que el cambio de requisitos es “jurídicamente sólido, coherente con el marco constitucional, europeo e internacional vigente y plenamente respetuoso con los principios del régimen de concurrencia competitiva” en las subvenciones. Fuentes de la cartera dirigida por Ana Redondo consideran que es algo “necesario, proporcionado y adecuado” y que la elección de este modelo “va en línea de recomendaciones, resoluciones y evaluaciones del ámbito europeo que señalan, de forma reiterada, que el enfoque abolicionista es el que mejores resultados ofrece”.
La declaración “no se ajusta” al modelo
La Secretaría de Estado de Igualdad ha publicado ya la resolución de concesiones y denegaciones de las ayudas correspondientes a la convocatoria de este año, ya con los nuevos requisitos en vigor. En el caso de las subvenciones para proyectos en violencia machista, doce asociaciones han sido rechazadas debido a que la declaración responsable que aportaron “no se ajusta al modelo” del departamento di
