Meloni denuncia la regularización en España mientras llama a miles de trabajadores migrantes para Italia con un programa disfuncional
elDiario.es · hace 9 h
Pese a su batalla contra la regularización en España, la coalición de la ultraderechista ha ampliado considerablemente las cuotas de permisos para extracomunitarios que permite el llamado Decreto de Flujos, pero las organizaciones denuncian que el sistema es disfuncional y los atrae para posteriormente empujarlos a una situación de irregularidadQué hay detrás de la embestida de Meloni contra España por la crisis de Ceuta
Tras la crisis por la entrada de migrantes en Ceuta, el Gobierno de Giorgia Meloni se alzó estos días cómo gran opositor a la regularización migratoria en España. La extrema derecha ha tratado de relacionar ambas realidades y Meloni ha alertado sobre el supuesto efecto llamada que esto supone para los países de la Unión Europea (UE). Sin embargo, y mientras critica la política española, Italia mantiene activo un sistema de acceso de personas extranjeras por cuota y empleo que, según cifras oficiales, puede abrir la puerta a unos 500.000 extracomunitarios entre 2026 y 2028. Para muchos, esto viene a ser una especie de regularización encubierta que contrapone el discurso antimigratorio de Meloni con la realidad de un país envejecido, con una de las tasas de natalidad más bajas de la UE, pérdida de población y necesidad de trabajadores en múltiples sectores.
El programa, sin embargo, tiene numerosas grietas. Grupos de derechos humanos y muchos migrantes que llegaron a Italia a través de este sistema denuncian que el mecanismo es disfuncional y lleno de deficiencias que hacen que parte de sus solicitantes no logren ni alcanzar Italia, o bien se vean abocados a la irregularidad una vez en el país. Muchos se convierten en víctimas de estafas o ven cómo el empresario que se comprometió a emplearlos no hace acto de presencia o ya no les contrata. Según fuentes consultadas por elDiario.es, hay miles de personas que pueden estar ahora en esta situación.
“Es un gran problema. Muchos vinimos a Italia a través de este proceso porque queríamos entrar por una vía legal y no ser irregulares, pero cuando llegamos, vimos que no teníamos ningún empleo y nos quedamos sin nada”, cuenta a elDiario.es Asili Raman, un migrante de 26 años de Bangladesh que asegura haber pagado 10.000 euros a un intermediario con la falsa promesa de llegar a Italia con trabajo y documentos, un sueño que se disipó al pisar el país, donde denuncia también la poca atención de las autoridades ante casos como el suyo.
El Decreto Flussi, la vía para la migración “legal” de Meloni
Estos años, Meloni ha hecho una diferencia entre las personas migrantes que considera “ilegales” frente a la migración “legal”, que pide fomentar de forma ordenada y con canales regulados, según las necesidades del mercado laboral. Este es el mecanismo que en Italia se conoce como Decreto Flussi (Decreto de Flujos), vigente desde 1998 y basado en la contratación de extranjeros en sus países de origen, similar al modelo de gestión colectiva de contrataciones en origen existente en España, aunque en el caso italiano prevé unos números mucho más altos. El proceso se inicia con la petición de empresarios locales en Italia que solicitan mano de obra para la agricultura, el sector inmobiliario, industrial, turístico o de cuidados, entre otros. Asimismo, esto se hace con países con los que Italia tiene acuerdos bilaterales, entre ellos Pakistán, Bangladesh, Egipto, Túnez, Marruecos o Sri Lanka, basado en cuotas para períodos trianuales reservadas para empleo permanente, estacional o por cuenta propia.
De hecho, desde que accedió al poder a fines de 2022, la coalición de Meloni amplió las cuotas de permisos para extracomunitarios en el marco de este sistema para “que responda a las necesidades de las empresas y sea también realista”. En 2025, anunció la emisión de hasta 500.000 visados para el período entre 2026 y 2028, y antes se comprometió a expedir hasta 450.000 permisos entre 2023 y 2025. “Sin decirlo muy alto, el gobierno alzó enormemente las cuotas, alcanzando hasta 950.000 potenciales entradas en seis años. En Italia ya residen 3,5 millones de extracomunitarios, y esto los aumentaría un 30%”, dice a elDiario.es el abogado Alberto Guariso, miembro de la Asociación para Estudios Jurídicos sobre Inmigración (ASGI). Sin embargo, matiza el experto, la cantidad real de personas que logra llegar y trabajar en Italia con permiso regular acaba siendo muy poca, ya que el mecanismo es “altamente inoperativo”, repleto de trámites complejos y una burocracia “muy lenta”.
Según la campaña Ero Straniero (Yo Era Extranjero), formada por varias entidades defensoras de los derechos de las personas migrantes, sólo una fracción mínima de quién solicita viajar a Italia logra obtener permiso de residencia y empleo regular en el país. En 2024, por un cupo máximo de 146.850 plazas previstas, sólo se acabaron emitiendo algo más de 24.800 permisos. En la práctica, esto supone que sólo 17% del total logró terminar c