Si el Gobierno de Sánchez hubiera permanecido pasivo, habría asumido implícitamente que cualquier país puede restringir Schengen con España apelando a una supuesta amenaza para su seguridad nacional aunque los hechos no la avalenEspaña impone controles a los viajeros procedentes de Italia tras el rechazo de Meloni a quitarlos

La decisión del Gobierno español de imponer controles a los viajeros procedentes de Italia no responde tan sólo a un principio de reciprocidad diplomática. Es, sobre todo, un intento de evitar que se normalice un precedente peligroso: que un Estado miembro pueda restringir unilateralmente la libre circulación con otro socio europeo por razones políticas y electorales.

Eso es lo que está en juego tras la decisión de Giorgia Meloni de restablecer controles con España utilizando como argumento la llegada masiva y descontrolada de migrantes a Ceuta. Una medida que transforma una crisis localizada en la frontera sur de la Unión Europea en un conflicto bilateral que nunca debió existir. A no ser que responda a razones más aviesas.

La inmigración constituye desde hace años el principal recurso de movilización electoral de la derecha radical europea. Cuando las políticas públicas no consiguen ofrecer los resultados prometidos, elevar el tono y recrudecer el discurso se convierte en una tentación difícil de evitar. La comunicación, más maleable, sustituye a la gestión, siempre más huraña.

La paradoja es evidente. Como recordó Pedro Sánchez utilizando datos de Frontex, Italia ha registrado alrededor de 478.600 entradas irregulares entre 2021 y 2026, prácticamente el doble que España, con 234.760. Es decir, el Gobierno que pretende presentar a España como el principal vórtice del problema migratorio es, precisamente, el que ha soportado una mayor presión sobre sus propias fronteras.

Tampoco puede exhibir Meloni grandes éxitos de gestión. Su proyecto estrella, los centros para solicitantes de asilo en Albania, ha quedado bloqueado por los tribunales italianos y se ha convertido en el símbolo de una política más eficaz para producir titulares que resultados. Y aunque el ejecutivo italiano ha comprometido alrededor de 800 millones de euros para este proyecto de externalización del problema, las instalaciones apenas han podido funcionar. La paradoja más llamativa, sin embargo, es que Italia ha seguido regularizando contingentes de trabajadores extranjeros porque su economía continúa necesitando mano de obra. Entre 2023 y 2025, el país alpino ha concedido 452.000 permisos de trabajo mediante el Decreto Flussi. El contraste entre el discurso maximalista y la prosaica realidad resulta difícil de ocultar. Especialmente, si se quiere culpar de esta crisis al proceso de regularización puesto en marcha por el gobierno español.

Fabricar un conflicto artificial con España cumple una función política evidente. Meloni ya no practica únicamente ese nacionalismo “banal” del que hablaba Michael Billig, presente en las banderas, las camisetas de la selección, los símbolos y las rutinas cotidianas. Ha dado un paso más hacia un nacionalismo performativo, construido para escenificar fortaleza, identificar enemigos externos y movilizar electoralmente a una parte de la sociedad. Del nacionalismo banal, hemos pasado al nacionalismo ruin, torticero y, sobre todo, oportunista. No es casualidad que esta escalada se produzca cuando falta poco más de un año para las elecciones italianas y cuando Fratelli d’Italia se ve amenazado a su derecha por el almirante Vanacci, que expide un discurso identitario y antiinmigración todavía más hiperventilado que el de Meloni. Que ya es decir. Endurecer el lenguaje y escenificar conflictos con otros gobiernos europeos constituye una estrategia de diferenciación política mucho más rentable que reconocer los límites de la propia acción gubernamental.

La respuesta española debe entenderse desde esa lógica. Si el Gobierno de Sánchez hubiera permanecido pasivo, habría asumido implícitamente que cualquier país puede restringir Schengen con España apelando a una supuesta amenaza para su seguridad nacional aunque los hechos no la avalen. La reciprocidad no persigue escalar el conflicto, sino proteger la igualdad entre Estados miembros y preservar la credibilidad de uno de los pilares fundamentales de la integración europea: la libre circulación.

Pero esta crisis deja al descubierto una diferencia fund