La Xunta acaba de reclamar una comisión bilateral con el Gobierno central para hablar de una ley que está ya aprobada, en una maniobra en la que la oposición ve solo una intención de retrasar el procesoLa Xunta pide ahora una reunión con el Gobierno sobre el traspaso de la AP-9 tras votar el PP en contra en el Congreso

El PP gallego ha respaldado desde 2016 los intentos de que de la autopista do Atlántico, la AP-9, se transfiera a Galicia. Lo hace, al menos, en el Parlamento autonómico. Y, desde entonces, son innumerables las ocasiones en las que la formación política ha reclamado la infraestructura que recorre el territorio desde Ferrol hasta Tui, en la frontera con Portugal, y vertebra el área económicamente más pujante de la comunidad. Pese a las insistentes reivindicaciones, cuando el pasado 23 de julio salió adelante definitivamente en el Congreso la ley para transferir la vía a Galicia, lo hizo con los votos en contra del PP (y de Vox).

El rechazo no se concreta solo en el 'no' en la Cámara Baja. La Xunta ha emprendido también una maniobra que los grupos de la oposición en el Parlamento gallego leen como un intento de dilatar el proceso y enredarlo. El anuncio lo hizo el presidente autonómico, Alfonso Rueda, el 3 de agosto, en el último Consello –la reunión semanal de su gabinete– antes del parón estival: pide una comisión bilateral con el Gobierno central para “solventar las diferencias con la ley orgánica”, que está ya publicada en el Boletín Oficial del Estado. Y que remite, para concretar el traspaso de la titularidad y las competencias sobre la autopista, a un acuerdo al que Estado y Comunidad Autónoma deben llegar en la comisión mixta de transferencias. La Xunta no quiere afrontar aún esa comisión y ha optado por pedir una reunión sobre un texto ya aprobado, en lugar de arrancar la negociación para concretar la transferencia.

Esas “diferencias con la ley orgánica” de las que habla Rueda se centran en los 4.000 millones de euros que la Xunta sostiene que podría tener que asumir para el rescate de la concesión de la AP-9, en el caso de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) confirme que la prórroga aprobada por el Gobierno de Aznar –sin concurso público– fue ilegal. El Gobierno y el PP gallegos repiten una y otra vez que esta posibilidad queda abierta con la redacción de la ley aprobada y que esta se aparta del acuerdo unánime del Parlamento gallego, que recoge una mención explícita a que deben darse garantías financieras y jurídicas para que la Xunta no tenga que hacer desembolsos si se da ese escenario.

Enfrente, PSOE, BNG y Sumar –las formaciones que pactaron el texto que luego recibió luz verde con mayoría absoluta en el pleno del Congreso– los acusan de estar mintiendo y se remiten a la propia ley aprobada, que consideran que deja claro que la Xunta no tendrá que asumir compromisos que no se deriven de su propia gestión. Lo que dice exactamente la ley es que “las consecuencias de las decisiones tomadas por la Administración General del Estado previas a la transferencia recaerán sobre la Administración General del Estado”.

Lo recoge así el punto tercero del artículo 1, en el que la ley indica que la Administración General del Estado “conservará a su cargo, con respecto a la sociedad concesionaria de la autopista AP-9, las obligaciones con repercusiones económicas y financieras derivadas de la aplicación de la concesión en vigor” que se deriven de modificaciones hechas en los largos años en los que ha tenido la competencia.

El siguiente punto abunda en cómo se reparten las responsabilidades económicas entre cada administración: “La Comunidad Autónoma asumirá a su cargo, con respecto a la sociedad concesionaria de la autopista AP-9, todas las obligaciones con repercusiones económicas y financieras consecuencia de las modificaciones que sobre el régimen económico-financiero de la concesión promueva una vez efectivo el traspaso”.

En cualquier caso, la ley indica que tiene que ser la comisión mixta de transferencias la que entre en el detalle de “las condiciones y límites para la transmisión de competencias”. Ese es el órgano previsto para que Gobierno central y Xunta negocien y lleguen a un acuerdo sobre los términos del traspaso, que luego deben quedar plasmados en un real decreto.

Con esta redacción, Rueda