El ultraderechista Abelardo de la Espriella asume el cargo esto viernes y ha anunciado que dirigirá un bloque técnico diseñado para combatir la red de desfalcos, pero los expertos apuntan a la necesidad de abordar reformas estructurales menos mediáticas y personalistasEl elefante en la habitación: Colombia ha elegido a un paquidermo como senador para denunciar la corrupción en el país
Colombia pone fin al primer gobierno de izquierdas de su historia y gira a la extrema derecha con la toma de posesión este viernes del ultra Abelardo de la Espriella, quien ganó por un estrechísimo margen al candidato oficialista de izquierdas, Iván Cepeda, bajo la promesa de una lucha firme contra la corrupción sistémica del país.

Gustavo Petro deja la presidencia con un legado complejo. Ha cumplido algunos de los pilares de su programa, como el aumento de salario mínimo o las reformas tributaria y de pensiones, pero se va sin haber logrado su ambiciosa “paz total” con los grupos armados y rodeado de varias denuncias que van desde el desvío de fondos de emergencia hasta la compra de votos en el Congreso. Con exministros en prisión preventiva y llamados a juicio, y una acusación de última hora contra el mandatario saliente por parte de su exjefa de despacho, el país cierra capítulo.

En este escenario, el ultraderechista Abelardo de la Espriella asume el mando rompiendo una tradición centenaria: no jurará el cargo en el céntrico Capitolio de Bogotá, sino en una universidad privada de Cali, la tercera ciudad del país. Así, el penalista asciende a la presidencia con la promesa de crear un bloque especializado anticorrupción: “Voy a revisar obra por obra, licitación por licitación”.

Colombia cambia de manos bajo un guion que se repite cada cuatro años. El mayor escándalo del cuatrienio de Petro se orquestó en la entidad estatal diseñada para mitigar los estragos de terremotos, inundaciones e incendios: la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Los recursos destinados a socorrer a las poblaciones más vulnerables habrían terminado convertidos en moneda de cambio para comprar el respaldo de partidos, de todo el arco político en el Congreso, a las reformas del Ejecutivo. El entramado criminal, según la Fiscalía, habría desviado más de 166 millones de euros (612.000 millones de pesos colombianos) mediante el direccionamiento ilícito de contratos públicos para asegurar mayorías legislativas.

Incluso Cepeda, el candidato presidencial que aspiraba a salvar el legado del oficialismo, lo reconoció meses antes de perder las elecciones en segunda vuelta por un margen mínimo de 0,96 puntos frente a De la Espriella. En una entrevista, el senador del izquierdista Pacto Histórico aceptó los desmanes de la Administración saliente y confesó sentir “vergüenza” por ellos.

No obstante, lejos de blindarse con promesas electorales, declaró con crudeza que erradicar el problema de raíz sería una “utopía”: “Sería incurrir en demagogia, dado el arraigo del fenómeno en las instituciones colombianas”. Su conclusión, leída a la luz de este 7 de agosto, retrata el terreno que hereda su rival: “La corrupción en Colombia es un sistema y está presente en todas las entidades y en todos los niveles. Cada Gobierno viene a administrarla”.
El 10% del presupuesto
Los índices internacionales le ponen cifra al problema: el fenómeno le cuesta a Colombia unos 50 billones de pesos colombianos (alrededor de 10.700 millones de euros y casi el 10% del presupuesto del Estado de 2025), de acuerdo con datos oficiales de 2017. Sin embargo, la investigadora de Transparencia Internacional Adriana Romero sitúa el punto de partida en dos termómetros globales que retratan una realidad inmóvil. El primero es el Índice de Percepción de la Corrupción: Colombia obtuvo 39 puntos sobre 100 cuando Petro asumió el poder y cerró 2025 con 37. Una caída de dos puntos en un indicador que, por su naturaleza, se mueve a paso de tortuga.

El segundo es el Índice del Estado de Derecho del World Justice Project, que mide realidades institucionales más que opiniones. En este caso, aunque el país se ha mantenido estancado en los 48 puntos, aparece un hallazgo: una de las peores calificaciones no la recibe la Presidencia, ni los jueces, ni los militares. La nota más baja recae, de forma crónica, sobre los hombros del Congres