El partido ultra gestionará las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género, adscritas a la Consejería de Justicia que pilota su líder, Manuel Gavira. En 2019, Vox reclamó al Parlamento la lista de funcionarios que emitían los informes psicosociales sobre mujeres maltratadas; y el reciente pacto de Gobierno con Moreno contempla "revisar" y "derogar" las leyes y entidades públicas con "sesgo ideológico"

Bienvenidos a la Andalucía del Gobierno “imposible”: el PP busca otro socio dócil y Vox, la contrarrevolución a Juanma Moreno

Vox entró en el Parlamento andaluz en 2019, con sus primeros 12 diputados en España, tras las elecciones autonómicas que pusieron fin a 37 años de gobiernos socialistas e hicieron presidente a Juanma Moreno.

En el primer Pleno ordinario de aquella legislatura, y haciendo uso del reglamento de la Cámara, el entonces candidato y líder regional de Vox, el juez Francisco Serrano, presentó en el registro de la Cámara un escrito solicitando “una relación detallada con los nombres y apellidos” de los trabajadores públicos de las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género del Instituto de Medicina Legal, adscrito a la Oficina Judicial y Fiscal que gestiona la Junta. También pidió identificar a los equipos psicosociales de los Juzgados de Familia y de Menores.

El partido de Santiago Abascal defendía entonces un negacionismo férreo contra las políticas de igualdad de género y lucha contra la violencia machista. De hecho, había exigido (sin éxito) la derogación de las leyes andaluzas que rigen estas políticas, a cambio de su apoyo a la investidura de Juanma Moreno. El PP no cedió en este punto, que habría supuesto deshacer un marco legislativo aprobado por la unanimidad del Parlamento.

Pero en cuanto arrancó la legislatura, Vox buscó una vía alternativa para atacar lo que dio en llamar “supremacismo de género”: reclamó a través del Parlamento andaluz la lista de empleados públicos de la Consejería de Justicia (la mayoría funcionarios) encargados de elaborar los informes sociales y psicológicos sobre las mujeres víctimas de malos tratos para los juzgados de familia.

“Una relación detallada con nombres, apellidos, número de colegiados en sus respectivos colegios profesionales, si estuvieren dados de alta en ellos con la reseña de dichos colegios profesionales, y si no también, de todos los psicólogos, trabajadores sociales y médicos forenses que han integrado las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género; Equipos Psicosociales de los juzgados de Familia y equipos de menores en las ocho provincias de Andalucía, entre el año 2012 y 2019 completos”, decía la solicitud que Vox llevó al Parlamento andaluz.

Esos informes sirven luego como atenuante en los juzgados, si las mujeres deciden denunciar a su agresor, y también son tenidos en cuenta por la propia Junta a la hora de conceder ayudas públicas a mujeres agredidas por sus parejas o exparejas. Los organismos públicos contra los que apuntaba la ultraderecha están formados por psicólogos, forenses y trabajadores sociales, que emiten informes para ayudar a los jueces a decidir sobre órdenes de protección y medidas civiles en violencia de género y custodias y regímenes de visitas en procesos de divorcio.

La formación ultraconservadora denunciaba entonces que muchos de esos informes estaban basados en criterios “políticos” y, accediendo al listado de funcionarios responsables, aspiraban a “depurar” entre los trabajadores “formados y acreditados” para realizar ese trabajo, y los que se mueven por “motivos ideológicos”, sin tener “capacidad profesional” ni estar “colegiados” [aunque la ley no exige la colegiación de los psicólogos, trabajadores sociales y médicos forenses que integran estas unidades].

En Andalucía, no sólo hay empleados públicos realizando esos informes psicosociales, la Junta también delega parte del servicio en entidades especializadas que les sirven como refuerzo, dado el volumen de trabajo que soportan, y el partido de Abascal siempre ha ubicado a esas organizaciones colaboradoras en la esfera ideológica de los anteriores gobiernos del PSOE.
Chocarse con la realidad y con la legislación vigente
El señalamiento de empleados públicos de Justicia, con nombres y apellidos, provocó la primera pol&eac