El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, mantendrá un encuentro telemático con sus homólogos tras las críticas de Italia y otros países y la carta firmada por 22 de los socios —todos menos Francia, Portugal, Irlanda y Luxemburgo— contra la regularización de migrantesVon der Leyen felicita a España y Marruecos por su gestión en Ceuta pese a la muerte de más de 80 personas
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, va a verse las caras con sus homólogos europeos por primera vez tras el ácido cruce de declaraciones y comunicados a raíz de la crisis desatada la semana pasada por la entrada irregular de decenas de miles de personas en Ceuta. Este martes, los titulares de Interior de los 27 socios de la UE mantendrán una reunión por videoconferencia para analizar las repercusiones del episodio, que ha dejado 88 muertos, según datos del Gobierno ceutí. Y fuentes de Interior explican que Marlaska tiene intención de denunciar la actitud “egoísta e insolidaria” que, considera el Ejecutivo, han mantenido socios como Italia ante la crisis, además de exponer que las llegadas de migrantes irregulares a la frontera española se han reducido en los últimos dos años.

El encuentro se mantendrá a petición, por una parte, de España, y por otra, de los 22 Estados miembros que el sábado pasado firmaron una dura carta —a iniciativa de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni— denunciando las “políticas que puedan servir como factores de atracción, tales como la regularización de un número muy elevado de migrantes irregulares”. La alusión al proceso de regularización puesto en marcha por el Gobierno de Pedro Sánchez era muy clara aunque no citase expresamente el caso de España, puesto que los firmantes aseguraban que no se puede permitir “que los cruces masivos incontrolados, la instrumentalización de la migración u otras amenazas híbridas generen la percepción de que la entrada ilegal en la UE es posible” o de que “la entrada ilegal de un migrante pueda convertirse en una estancia legal”.

Esa carta fue tan solo el corolario del choque que comenzó el viernes, cuando Italia decretó la suspensión (luego matizada) por un mes del acuerdo Schengen con España, una medida que posteriormente respaldaron —aunque sin llegar a adoptarla— otros gobiernos, como el de Finlandia. La situación interna de esos dos países no es baladí a la hora de interpretar su reacción a la crisis de Ceuta y evidencia su importancia en el tablero ideológico europeo. Al ejecutivo italiano, coalición de ultraderecha y derecha clásica, le ha aparecido en los últimos meses un competidor aún más extremista que los Hermanos de Italia de Meloni; por su parte, en el gobierno finlandés la más beligerante con España fue la ministra del Interior, Mari Rantanen, de la formación ultra Partido de los Finlandeses, frente al primer ministro Petteri Orpo, del centroderechista Partido de Coalición Nacional, que intentó rebajar la tensión asegurando que “España no está sola” ante la crisis.

La decisión de Meloni de reinstaurar los controles fronterizos para los viajeros procedentes de España y el apoyo que recibió en sus críticas por parte de otros gobiernos de la UE provocó una airada reacción del Ejecutivo español. El mismo presidente Pedro Sánchez asumió en primera persona la respuesta a través de una carta que envió a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el presidente del Consejo Europeo, António Costa; y el presidente de turno del Consejo de la UE, el primer ministro irlandés Micheál Martin, para expresarles su “seria preocupación” por los “ataques” recibidos por parte de algunos socios europeos.

En su escrito, Sánchez criticaba haber recibido “muy poco apoyo” de otros socios de la UE y tachaba de “egoísta e ilícita” la actuación de varios de sus líderes, a quienes achacaba haber actuado movidos “por los prejuicios, las noticias falsas, la ignorancia o el interés político”. El presidente pedía la celebración de la reunión que tendrá lugar este martes con el fin de “establecer una respuesta común a situaciones de este tipo y reafirmar que la seguridad de nuestras fronteras exteriores es una responsabilidad compartida de todos los Estados miembros, y no solo de aquellos en la p